En principio, en el Senado estarían de acuerdo en hacerse cargo de denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) la evaluación de la Contraloría sobre la gestión de varios entes, durante el 2022, que presenta una serie de supuestas irregularidades.
El hecho es que la reunión con el contralor Camilo Benítez no será posible hoy, ya que el mismo anunció que estaría fuera del país hasta el próximo miércoles, por lo que se tendría que reagendar.
El senador liberal Éver Villalba mencionó, al igual que sus colegas, que el informe formó parte de un debate durante la reunión de la mesa directiva, el jueves pasado.
El mismo coincide, tanto con el cartista Basilio Núñez como con la encuentrista Kattya González, sobre la denuncia ante la Fiscalía.
“Habíamos tratado en mesa directiva. La idea era convocar al contralor este lunes (por hoy) pero, según la información que tuve, está de viaje; entonces, no se va a poder hacer aún la audiencia”, dijo.
Alegó, que, no obstante, cada uno de los senadores, por su cuenta, está haciendo un estudio del documento.
Trajo a colación que hay una Comisión Bicameral, que aún debe integrarse, que es la que se conforma cada año por diputados y senadores para analizar este informe.
“Realmente, tenemos que hacer un estudio serio y hacer denuncias”, consideró.
“El Ministerio Público tiene que hacer su trabajo para que la gente que malversó tenga que pagar”, sentenció.
“En un país, donde necesitamos urgentemente dinero para cubrir muchas necesidades, no puede ser que se siga jugando con la salud de la gente”, cuestionó Villalba.
En el caso del cartista, Basilio Núñez, el mismo había tiroteado en contra del ex titular del IPS (Instituto de Previsión Social), Vicente Bataglia.
Había señalado que si el mismo no llevó en ruedas la previsional, fue porque asumió la presidencia de la República Santiago Peña.
Además, advirtió que se tenía que constatar si es que no se tocaron los fondos jubilatorios, que es lo que más preocupa al sector.
“Todas las instituciones están devastadas”, había indicado, días pasados, en relación al informe de la Contraloría.
En esa ocasión, había referido que supuestamente se tomó una decisión política de que todos los hechos de corrupción, que habían sido detectados, iban a ser derivados al Ministerio Público.
Incluso, no descartó la posibilidad de una denuncia penal contra el propio ex presidente de la República Mario Abdo Benítez.
“Por eso quiero que venga el contralor. Quiero ver el informe de Copaco; quiero ver qué pasó en pandemia cuando Mario Abdo benefició a su concuñado con 10.000, 15.000 millones de guaraníes, mientras nosotros, los mortales, teníamos que ver cooperativa y después ser embargados, como yo”, fue lo que señaló a la prensa.
“La decisión que todos los hechos de corrupción detectados por la Contraloría sean derivados a la Fiscalía, incluye de todos los intendentes colorados, liberales”, aseguró.
El titular del Congreso, Silvio Ovelar, fue el que anunció oficialmente la convocatoria al contralor general, que al final fue desactivada porque el mismo estaría en el exterior.
“Los indicios son sorprendentes, llamativos. Va a ameritar una acción inmediata”, fue lo que consideró el presidente del Senado, en relación al informe.
7.335 millones de guaraníes, en faltante de equipos de computación en el Ministerio de Educación y Ciencias.
17.184 millones de guaraníes sin registros contables por ventas a crédito de Dimabel en el Ministerio de Defensa.
1.466 millones de guaraníes de diferencia en relación a los saldos del inventario en el Ministerio del Interior.
53.262 millones de guaraníes de diferencia entre el saldo de las cuentas y la existencia en el Ministerio de Justicia.
