De hecho, ya se hizo una primera reunión el pasado viernes a la mañana, horas antes de la promulgación.
El ministro Gustavo Villate, del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), fue quien convocó al encuentro al que no acudieron todos los miembros de ENEP, precisamente por la división en el equipo, y les pidió colaborar en el trabajo.
Para Yan Speranza, de la organización Moisés Bertoni y miembro de ENEP, el único encargado de la reglamentación es el Ministerio de Economía, por lo que otro órgano no puede cumplir esa función.
La ex ministra de la Función Pública, Lilian Soto, como otros referentes de organizaciones, sostuvo que lo ideal sería que el ENEP rechace el pedido del Ejecutivo para no dar legitimidad a ley.
“El ENEP nació en el gobierno de Lugo, pensado por la SFP y la STP –liquidadas por el cartismo– en el proyecto de Innovación Estructural del PE, para que la sociedad participe. Debería negarse a reglamentar leyes fascistas creadas para perseguir y destruir a organizaciones sociales”, manifestó.
Peña pidió a Economía que a través del ENEP se inicien los trabajos para la reglamentación, supuestamente, para hacerla más participativa, “con todos los sectores”, sin embargo, este equipo no tiene representación del principal sector afectado, que son las ONG.
El presidente de esta forma intenta validar el proyecto antes de ponerlo en vigencia.
ENEP es un espacio de participación ciudadana multisectorial creado en 2011 y constituido como asesor de la Presidencia desde el 2014.
Se encarga de controlar el Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, y está compuesto por personas de sectores sociales, empresariales, cooperativos, científicos, académicos, culturales y entidades del Poder Ejecutivo.
Speranza explicó que ninguno representa a las ONG. Del mismo modo, indicó que las organizaciones deben esperar al resultado de esta reglamentación para tomar medidas, ya que considera que la ley tiene componentes de inconstitucionalidad.
Sin participación. El Ejecutivo además convocó a las organizaciones no gubernamentales para mañana, a primera hora, en Mburuvicha Róga, pero no para involucrarlos en la reglamentación.
Dante Leguizamón, de Codehupy, contó que quedaron sorprendidos, ya que luego de ser convocados, Peña decidió promulgar, mientras que el sector esperaba que esto se dé después de la conversación.
Leguizamón indicó que Codehupy y otros decidieron no participar de este encuentro con el presidente.
Las organizaciones esperan la reglamentación para presentar las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, para intentar parar el efecto de la ley, considerada una mordaza.
Además, comenzaron a enviar información a las relatorías de la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
