Tras la insistencia de pedidos de informes y convocatorias a directores municipales, el último informe de la Intendencia detalla que de las 77 empresas, 65 están de forma irregular. En la Franja Costera Norte hay un total de 36 firmas, de las cuales 10 están dentro de la Reserva del Banco San Miguel. En tanto, 41 firmas operan en la Franja Costera Sur.
Desalojo. El concejal Miguel Sosa (ANR) planteó recurrir a la medida de urgencia para el desalojo de las empresas irregulares. Cuestionó que a pesar de no pagar impuesto municipal, las firmas tienen una importante recaudación.
Solicitó convocar en comisión a los directores municipales y representantes de empresas.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) también coincidió con pedir el desalojo por estar en lugares prohibidos ambientalmente. Indicó que la convocatoria a empresarios debe ser para invitarles a que se instalen en lugares adecuados.
El concejal Álvaro Grau, en tanto, calificó como invasores de tierras, por lo menos a la mayoría de las empresas sin ningún tipo de permiso. Solicitó a la Intendencia a iniciar una denuncia penal.
Reserva. “Hay incendio cada 15 días dentro de la reserva San Miguel y allí hay empresas que manipulan combustibles. Hay un plan de manejo entre la Municipalidad y el Mades que dice que no pueden estar allí. Y hay una visión de la Municipalidad, a través de sus planes reguladores que establecen que no pueden estar en ese lugar tampoco”, acotó el edil Luis Bello (ANR), quien celebró la postura unánime de la Junta Municipal sobre este caso.
Indicó que se debe revisar cuál es la situación de las empresas, a lo largo de la Costanera, y en función al plan regulador, quitarle a los que no están contemplados o trasladarle del lugar.
En la minuta de ayer, presentada por el concejal Arturo Almirón (ANR), se volvió a solicitar a la Intendencia un informe completo y actualizado de estas industrias a lo largo de la costanera Norte y Sur.
A la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios solicitan informe sobre las recaudaciones en concepto de IVA y otros impuestos por parte de todas las empresas citadas que ocupan la zona ribereña. Al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) la realización de un trabajo de verificación en conjunto con la Municipalidad, a fin de corroborar si dichas empresas cuentan con la Declaración de Impacto Ambiental y en caso positivo verificar si cumplen con el Plan de Gestión Ambiental.
