Ante supuestas irregularidades en una subasta pública que fue celebrada el pasado 23 de diciembre, en la sede central de la ANDE y otra en el Departamento de Itapúa, de la que 11 de las 14 empresas no fueron precalificadas, fue presentada una denuncia ante la Contraloría General de la República, mientras que además se solicitará la intervención de la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom).
La denuncia fue ejecutada por el abogado Juan Sebastián Silguero, representante legal de Asunción Soluciones Ambientales SA, y por el empresario Gianmarco Felippo, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras de Obras Electromecánicas (Cecoel).
El representante legal solicitó a la Contraloría la realización de una auditoría interna urgente sobre el proceso de subasta, incluyendo revisión de toda la documentación, vínculos entre empresas y perjuicio patrimonial al Estado.
Asimismo, solicitó que se recomiende a la ANDE la anulación de dicha subasta, al tiempo de explicar a ÚH que la subasta realizada en estos términos irregulares resultó en la ausencia de puja real y adjudicación por un incremento ínfimo del 0,438% sobre el precio base (G. 4.745.983 adicionales a G. 1.015.054.017 + IVA).
Esto dio lugar a lo que probablemente sea un récord sin precedentes: Duró nada más que 2 minutos y 16 segundos, con una sola oferta por cada empresa calificada, lo que explica el ínfimo aumento del precio de base para la adjudicación de los bienes, y difiere radicalmente de subastas anteriores de la ANDE (ej.: vehículos en 2025), donde se permitió mayor competencia, publicidad completa y pujas significativas, obteniendo incluso más del 500% del precio base, según relató el denunciante.
Dentro de las normas incumplidas y fundamentos legales citados en la misiva enviada a la ANDE está la Ley Orgánica de esta entidad, N° 966/1964, que en su artículo 63 establece que la venta de bienes muebles cuyo valor exceda cierto monto debe realizarse en subasta pública.
Además, está la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, artículos 236, que exige que toda venta de bienes del Gobierno se haga en subasta pública “debidamente anunciada con especificación de la base, modo de pago y demás condiciones”. También el Decreto N° 20.132/2003 (Manual de Normas para la Administración de Bienes del Estado), modificado por Decreto N° 1378/2024, que exige pliego de bases con objeto.
legalidad. Por su parte, César Zena, de la Dirección de Servicios Administrativos de la ANDE, había asegurado a este medio que el proceso de subasta estuvo dentro de la legalidad. Agregó que se había priorizado el cumplimiento de requisitos medioambientales y se buscó que los transformadores en desuso no sean reacondicionados y vuelvan al mercado local.
Zena afirmó además que toda la subasta fue hecha con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ya que se trabaja con equipos que contienen elementos contaminantes. Dijo de igual manera que la precalificación buscaba que las empresas que pujen cuenten con las correspondientes licencias ambientales.
Por otro lado, el director de Servicios Administrativos explicó que otras empresas no fueron precalificadas con la intención de evitar que estos transformadores regresen a la ANDE o se vendan de forma particular tras un reacondicionamiento.
11 empresas, de 14 participantes en la subasta de la ANDE, no fueron precalificadas y disgustó a referentes.
2 minutos y 16 segundos nada más duró la subasta (tiempo récord), según denunciaron los afectados.
