De acuerdo con los datos del Congreso, finalmente quedó firme un importante aumento salarial. Este incremento en el rubro de servicios personales financiará la creación de 1.348 cargos y la desprecarización de otros 1.500. Esto último contempla el nombramiento de funcionarios con más de cuatro años de antigüedad como contratados.
El aumento del gasto salarial, además, permitirá costear reajustes sin concurso para funcionarios del Congreso, Registro Civil, Universidad Nacional de Asunción, Defensa Pública, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Salud, entre otros. A esto se suma el escalafonamiento para trabajadores sociales y un incremento en las gratificaciones para directores y personal de blanco de varios hospitales.
Justo en un año electoral, también aprobaron en la ley presupuestaria excepciones a la Ley de la Función Pública de manera a eliminar los concursos públicos para las contrataciones y nombramiento en el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y el Tribunal Superior Electoral.
Mientras que en otras instituciones imprescindibles para garantizar la vida de las personas como salud o educación faltan recursos humanos, los poderes legislativos y judicial continúan incrementando los costos estatales, siendo las instituciones de menor confianza ciudadana según las encuestas de percepción.
Si bien los concursos por sí solos no garantizan la vigencia de una carrera profesional en el sector público, un concurso al menos permite dar publicidad a los llamados y transparencia al proceso de selección. Sin esa mínima exigencia ya no habrá ningún mecanismo ni siquiera formal que reduzca la discrecionalidad proveniente del prebendarismo, multiplicado con creces debido al año electoral.
Para empeorar la situación, y en una clara actitud de irresponsabilidad y caradurez, los parlamentarios aprobaron un incremento en las recaudaciones tributarias, sin considerar las reformas necesarias que garanticen ese nivel de recaudación.
A un presupuesto de gastos que de entrada no considera los recursos que necesita la ciudadanía, se agrega un presupuesto de ingresos que no alcanza y que a la hora de requerirse esos fondos no estarán. La respuesta histórica de esta situación ha sido el recorte de rubros que no son rígidos, entre los que se encuentran las reparaciones y el mantenimiento de las escuelas o los insumos como medicinas, alimentos o útiles escolares.
Al final, se reproduce anualmente un presupuesto que está lejos de las necesidades y reclamos ciudadanos, ubicando a Paraguay entre los países más desiguales y de peor desempeño económico y social de la región.
La política fiscal es el principal instrumento que tiene el Estado para garantizar los derechos constitucionalmente establecidos. Contradictoriamente, cada año el presupuesto es destruido, acumulando problemas y llevándonos a la deslegitimidad política, cimiento de la conflictividad social y del debilitamiento de la democracia. La política fiscal en lugar de contribuir al crecimiento a largo plazo y al fortalecimiento de la democracia, los obstaculiza.
