Los casos de nepotismo que afectan al oficialismo son un motivo de crisis que el Ejecutivo no logra controlar debido a la continua exposición, sobre todo, de los funcionarios, que son hijos de altas autoridades y que ingresaron a la función pública por medio de sus padres.
El presidente Santiago Peña se retiró bruscamente de una entrevista con la prensa ayer durante un acto cuando fue consultado sobre los contratos de familiares en instituciones del Estado, como parte de un mal gasto para el presupuesto público. Esquivó responder diciendo que no estaba en el lugar para hablar del tema.
El oficialismo entró en un enredo en este caso debido a que deben dar solución a un problema que fomenta su mismo equipo político. Uno de los casos es el del vicepresidente Pedro Alliana, cuya hija Monserrat es funcionaria de la Cámara de Diputados, mientras que el senador cartista Basilio Núñez presentó un nuevo proyecto de ley para evitar el nepotismo. Del mismo modo, el Ejecutivo impulsa una ley del servicio civil que entre otros objetivos, busca dar una salida a estos contratos.
Debido a esta gran contradicción, las autoridades evitan responder. Varios medios de prensa fueron hasta la oficina de la Vicepresidencia para obtener una respuesta de Alliana, pero no lograron la entrevista, ya que el vice decidió no dar declaraciones.
Confuso. Las autoridades se defienden de las acusaciones sobre nepotismo, alegando que no hay claridad en la legislación y en otros casos, en que la Corte otorgó la inconstitucionalidad a la ley de la función pública ante el pedido de varias instituciones, por lo que esta regulación no les rige.
La viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, comentó que la idea de la nueva ley del servicio civil es corregir el error de la legislación vigente, la 1626, que no tiene claridad al establecer el ámbito de aplicación. Muchos entes consideraron que no les alcanzaba la norma, por lo que recurrían a la Corte.
Esta falla hizo que en total se hayan presentado 24 acciones de inconstitucionalidad, a las que la Corte les otorgó, en algunos casos, medidas cautelares y, en otros, sentencias definitivas. Estos fueron los bloqueos para aplicar la ley que hicieron que haya habido muchos desórdenes en las contrataciones del funcionariado.
Con el nuevo proyecto, que está en el Congreso, se corrige el alcance, es decir, se cubre a todos los poderes del Estado, indicó Picaso, explicando que se aseguran de definir la autoridad de aplicación para salvaguardar las atribuciones constitucionales de los poderes del Estado.
La directora señaló que actualmente no hay ley de la carrera del servicio civil que pueda definir su trayectoria, su jubilación, entre otros, lo que corrigen en la nueva ley.
