Diputados y senadores de la oposición presentaron ayer una denuncia penal contra el presidente de la República, Santiago Peña, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias, entre otros.
La denuncia detalla que Peña experimentó un crecimiento patrimonial de 1600% y exigen a la Fiscalía General del Estado a investigar a fondo.
Los legisladores tomaron como base de la denuncia publicaciones que saltaron a la luz de supuestos sobres con fajo de dólares en Mburuvicha Róga. Además, realizaron un análisis de su crecimiento patrimonial desde que ingresó a la función pública y cuando se convirtió en presidente.
La acción, la primera contra el actual mandatario, fue encabezada por el senador Rafael Filizzola y respaldada por la diputada Johanna Ortega y otros parlamentarios.
En primer lugar, la denuncia remarca una brecha de crecimiento económico del presidente Santiago Peña de unos G. 21.672 millones.
Filizzola cuestionó la falta de intervención de la Fiscalía General ante las revelaciones que, según él, muestran un escándalo en el movimiento de recursos públicos desde el inicio del gobierno de Peña.
“Como ciudadanos y legisladores, vemos que no se ha hecho nada frente a hechos escandalosos”, señaló.
Según Filizzola, Peña inició su mandato con un patrimonio de aproximadamente G. 1.000 millones y sumó un crecimiento injustificado de 1.603% (ver infografía).
Además, Filizzola señaló, como otro punto de la denuncia, los vínculos del mandatario con el Grupo ueno, especialmente en operaciones financieras y comerciales con entidades públicas.
“El presidente era parte de ese grupo empresarial hasta hace poco. El Grupo ueno no solo administra los ahorros de los jubilados, sino que también está involucrado en negocios de tecnología 5G y maquinaria médica”, sostuvo.
Filizzola también mencionó el uso de vehículos y aeronaves de empresarios chinos que luego se convirtieron en proveedores del Estado en el caso de los muebles chinos por más de USD 32 millones.
En otros puntos de la denuncia, el senador resaltó la recepción de sobres con dinero en la residencia presidencial y supuestas órdenes de entrega de dinero dadas por la primera dama.
Para sustanciar un posible lavado de activos se acusa la compra de acciones y bonos en empresas con antecedentes judiciales o movimientos de dinero no registrados.
Por su parte, Johanna Ortega enfocó su discurso en los famosos sobres de Mburuvicha Róga y agregó que, de ser lícito, el dinero del presidente Peña debería estar bancarizado.
En tanto el diputado Raúl Benítez sostuvo que no confían en el fiscal general, Emiliano Rolón. “Subrayamos que no confiamos en Emiliano Rolón, pero de por ahí si su experiencia con la mafia sirve para llegar al fondo de esto, bien”, expresó.
