“El presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7452, un paso clave para el crecimiento económico del Paraguay. Esta reforma moderniza el régimen de promoción de inversión en infraestructura, alineándolo con estándares internacionales y aprovechando aprendizajes del modelo de alianzas público-privadas”, informaron desde Presidencia.
Asimismo, señalaron que “apuestan por el desarrollo del Paraguay a través del incentivo a las iniciativas privadas, del establecimiento de criterios claros, transparentes y eficientes para la evaluación de ofertas, la asignación de riesgos y el uso de los recursos”.
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La denominada modernización de la Ley de APP fue aprobada a libro cerrado y sin debate con la oposición, aprovechando nuevamente la mayoría cartista en el Congreso, con lo que la ley “De modernización del régimen de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” quedó sancionada.
La ley deroga la Ley 5102/2013 “De promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado”, más conocida como Ley de Alianza Público-Privada (APP).
Con la reciente ley, el Estado podrá asumir obligaciones hasta por USD 352 millones anuales, según límites fijados, que no podrán exceder el 4% del producto interno bruto del año inmediato anterior. Los pagos no podrán exceder del 0,8% del PIB del año anterior.
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Sin embargo, el mismo artículo otorga atribuciones al Poder Ejecutivo para cambiar estos topes de manera excepcional y hasta los límites que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) considere conveniente, evadiendo al Congreso nuevamente.
La normativa aumenta los plazos de los proyectos de 30 a 40 años, como también dispone que la administración contratante podrá modificar unilateralmente el contrato de participación público-privada y subir el costo del proyecto en un 15%, y otro 30% cuando se trate de común acuerdo, elevando el sobrecosto hasta en un 45%.
Este es uno de los puntos más cuestionables, ya que la ampliación de la ruta PY02 inició con un costo de USD 500 millones a cargo del Consorcio Rutas del Este, conformado por la española Sacyr y la paraguaya Ocho A, esta última ligada al ahora senador Luis Pettengill, y terminó costando USD 816 millones aproximadamente, con las adendas realizadas.
El proyecto tiene una concesión de la Ruta PY02 de 30 años, en el tramo que va desde Ypacaraí hasta el kilómetro 183.
