El proyecto de jubilación privilegiada impulsado por el cartismo es cuestionado por generar una situación de desigualdad entre los ciudadanos comunes y los congresistas, ya que establece que con apenas dos periodos de aporte, es decir, 10 años, los legisladores ya pueden jubilarse, mientras que un trabajador debe tener al menos 55 años de edad y 30 años de aporte en el Instituto de Previsión Social (IPS) para jubilarse con el 80% de su salario.
Además, Peña comenzó su periodo cuestionando las deudas que dejó su antecesor Mario Abdo Benítez y anticipando que el presupuesto sería ajustado por las necesidades públicas. Sin embargo, la aprobación de la jubilación vip representa una ampliación en el presupuesto general de G. 3.500 millones para la Caja parlamentaria.
Varias organizaciones se pronunciaron al respecto. La Mesa Sindical Paraguay emitió un comunicado para manifestar un “enérgico repudio” contra la ley que establece un nuevo régimen de jubilaciones privilegiadas, por beneficiar exclusivamente a los parlamentarios, “en detrimento del interés común”.
Sin embargo, el presidente ya tiene muchos antecedentes de conceder aumentos, pese a su discurso de austeridad. En su primer presupuesto, en setiembre del 2024, incluyó autoaumentos salariales para él mismo, para el vicepresidente, sus ministros y viceministros, justo luego de exigir austeridad en el gasto público. Peña previó una suba de su ingreso de G. 7 millones. También habló en favor de un grupo de diputados que presentaron en agosto del 2024 un proyecto para reponer los cupos de combustible, pero debido a la presión, se vieron obligados a retroceder. En octubre del 2024, el Ejecutivo presentó una adenda al presupuesto para incluir un aumento de G. 5 millones para cada legis-lador en su salario.
