Desde la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (Conapi), órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), integrada por diferentes representantes de equipos locales y diocesanos que trabajan en las comunidades indígenas a nivel nacional, reunida en una sesión ordinaria, expresaron su profunda consternación, indignación y dolor ante los graves hechos ocurridos el 14 de agosto de 2026 en la comunidad indígena Yhapo 4, del pueblo Avá Guaraní, distrito de Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, que dejaron como resultado la muerte de miembros de la comunidad, entre ellos, el líder indígena Antonio Carrillo y el docente Catalino Correa.
En ese sentido, señalaron que ante la gravedad de estos hechos, Conapi no puede permanecer indiferente ni guardar silencio.
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“La pérdida de vidas humanas en el contexto de un conflicto que involucra a una comunidad indígena constituye un hecho de extrema gravedad que exige una respuesta firme, responsable y transparente de las instituciones del Estado”, recalcaron.
Asimismo, expresaron sus más profundas condolencias y solidaridad a las familias de las personas fallecidas y a toda la comunidad indígena Yhapo. “Nos unimos a su dolor y acompañamos a quienes hoy viven las consecuencias de esta tragedia”, manifestaron.
Entretanto, exigieron a las autoridades competentes una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, imparcial y transparente, que permita establecer con absoluta claridad qué ocurrió realmente en la comunidad indígena Yhapo.
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Desde la Pastoral Indígena pidieron que se esclarezca cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con la muerte de Antonio Carrillo, Catalino Correa y demás personas afectadas, además de quiénes participaron en los hechos; qué actuaciones realizaron las instituciones y agentes intervinientes; en qué circunstancias se produjo el uso de la fuerza; qué decisiones fueron adoptadas antes, durante y después del operativo; si se respetaron los protocolos, las garantías constitucionales y los derechos humanos.
También pidieron saber quiénes son los responsables, si los hubiere, y qué medidas deberán adoptarse conforme a la ley, teniendo en cuenta el debido proceso.
Sostuvieron que tanto la sociedad paraguaya, las familias de las víctimas como los miembros de la comunidad indígena Yhapo tienen derecho a conocer la verdad.
“No puede haber lugar para el silencio, la impunidad, el encubrimiento ni investigaciones meramente formales. Cuando se pierde una vida humana, y más aún cuando existen circunstancias que deben ser esclarecidas, el Estado tiene la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias”, afirmaron.
De igual manera, recordaron que el Estado paraguayo tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la seguridad de las personas, así como de proteger de manera efectiva los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales de derechos humanos.
“Ningún conflicto territorial, económico, político o judicial puede convertirse en justificación para la violencia. Ninguna circunstancia puede relativizar el valor de la vida humana”, remarcaron.
Finalmente, hicieron un llamado urgente a las autoridades nacionales para que adopten todas las medidas necesarias para evitar nuevos hechos de violencia, proteger a la comunidad indígena Yhapo, garantizar la seguridad, la integridad de sus miembros y adecuado acceso a sus tierras ancestrales.
Denuncia de que fueron ejecutados
La comunidad indígena Yhapo 4, de Corpus Christi, en el Departamento de Canindeyú, rechazó categóricamente que Catalino Correa y Antonio Carrillo sean parte de la estructura criminal atribuida a Felipe Santiago Acosta, alias Macho, ya que uno era docente y el otro, líder indígena, respectivamente.
A través de un comunicado, sostienen que ambos estaban desarmados y denunciaron que fueron ejecutados durante el procedimiento.
Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), salió al paso de las críticas a su cartera tras la muerte de un líder indígena y de un profesor presentados como supuestos criminales vinculados a Santiago Felipe Acosta, alias Macho. Aseguró que sus agentes fueron sorprendidos por ellos y que tenían fusiles de guerra en su poder.
