La ratificación del rechazo al peaje impuesto por Argentina se dio durante la XLIX Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay–Paraná desarrollada en la fecha en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Los países parte requirieron, además, que Argentina garantice la libertad de navegación, libertad de tránsito y se abstenga de adoptar otras medidas restrictivas a la navegación.
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Argentina tomó nota de los reclamos de los cuatro estados signatarios del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra sobre Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay–Paraná, respecto a la suspensión de la medida y se refirió a la información técnica adicional que presentó el 24 de agosto para demostrar servicios prestados a la navegación en el tramo del río Paraná, desde su confluencia con el río Paraguay hasta el puerto de Santa Fe.
En ese sentido, propuso que dicha información sea analizada en la instancia técnica de la Comisión del Acuerdo.
Los cuatro países entienden que, sin perjuicio de otras alternativas complementarias, el tema debe ser abordado en una reunión especial del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, para avanzar en la aplicación del Protocolo Adicional sobre Solución de Controversias, en búsqueda de una salida satisfactoria para todas las partes.
Por esta razón, está previsto que la reunión especial del Comité Intergubernamental revise la controversia desde una perspectiva integral que contemple elementos técnicos, legales, operativos y económicos.
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“Paraguay está propiciando el cumplimiento de los pasos procedimentales contemplados en el Protocolo sobre Solución de Controversias, cuya última instancia es someter la controversia a la decisión de un Tribunal Arbitral”, señalaron desde Cancillería.
En la fecha se estableció, ad referéndum de la delegación argentina, un plazo de 60 días para que cada país presente su lista de árbitros.
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La delegación paraguaya estuvo integrada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el presidente y miembro del Directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el director general de la Marina Mercante, representantes de la Prefectura General Naval y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El conflicto por el cobro del peaje se inició luego de que Argentina retuviera un remolcador paraguayo, exigiéndole el pago de USD 4.232,13. El remolcador paraguayo estuvo por unos 10 días retenido y tuvo que realizar el pago para ser liberado.
La retención se produjo en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina. De igual manera, Argentina también retuvo un remolcador con bandera boliviana.
