EFE
El encuentro, que tendrá lugar del martes al jueves y reunirá a los cancilleres de la mayoría de los países del continente, gira en torno al “Desarrollo con inclusión social”, un tema propuesto por Paraguay en el que incluyó expresamente el reconocimiento de las “justas reivindicaciones” de los indígenas.
Ireneo Tellez, abogado de la ONG paraguaya Tierraviva, recalcó la paradoja, pues el Estado paraguayo continúa sin cumplir las sentencias de la CorteIDH, un órgano autónomo de la OEA, que le ha condenado por la expulsión de tres comunidades de sus tierras ancestrales en la región del Chaco (Noroeste).
“No se puede hablar de inclusión cuando se expulsa a los indígenas de sus tierras y a los campesinos del único lugar donde han vivido”, dijo el representante de Tierraviva, organización que acompaña los tres casos y que los considera un ejemplo del conflicto por la tierra en Paraguay.
El vicecanciller paraguayo, Federico González, dijo a Efe esta semana que los indígenas son una “prioridad” del Gobierno y que éste tiene la “voluntad firme” de hacer lo ordenado por la CorteIDH.
“Estamos haciendo todo lo posible para cumplir las sentencias de la Corte Interamericana”, manifestó González.
El 76 por ciento de los aproximadamente 116.000 nativos del país se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del estatal Instituto del Indígena (INDI).
En la primera sentencia, de 2005, la CorteIDH ordenó al Estado a devolver a la comunidad Yakye Axa las tierras que les arrebataron terratenientes ganaderos hace casi dos décadas.
El Gobierno del presidente Fernando Lugo (2008-20012) impulsó la expropiación de esos terrenos, pero el Congreso tumbó el proyecto de ley en 2009.
Finalmente, esos nativos, pertenecientes al grupo étnico enxet, aceptaron otras tierras a 60 kilómetros de donde vivían antes.
El Estado las compró y las tituló a su nombre, pero los 350 miembros de la comunidad aún no han podido asentarse allí porque los ganaderos que poseen las fincas colindantes se niegan a permitir que se haga un camino por su terreno que las una con la carretera principal, según Tierraviva.
Por ello, esas 70 familias continúan viviendo en precarias condiciones al borde de la carretera, a la espera de que el Estado cumpla plenamente la sentencia, que determina que debe existir acceso libre a la tierra de ese grupo indígena.
Otra comunidad del pueblo enxet, los Sawhoyamaxa, están pendientes de que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, decida si promulga o veta un proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Legislativo, que daría cumplimiento a otro de los dictámenes de la Corte, de 2006.
De salir adelante la propuesta legislativa, el Estado expropiará la mayor cantidad de tierras en favor de una comunidad indígena hasta la fecha, 14.404 hectáreas ubicadas a unos 270 kilómetros al noroeste de Asunción, en el poco poblado y árido Chaco.
El empresario ganadero alemán Heribert Roedel se apropió hace más de 20 años de esas tierras hostigando a la comunidad indígena hasta expulsarla, según denunciaron Tierraviva y Amnistía Internacional.
Los nativos vivieron durante dos décadas al borde de una carretera mientras su caso era dirimido en la justicia y ahora ocupan en protesta un pedazo de esos terrenos.
La tercera sentencia de la Corte IDH sin cumplir data de 2008 y afecta a la comunidad Xákmok Kásek, conformada por unas 350 personas, según las ONG.
La Corte ha dado a Paraguay hasta septiembre de este año para restituirles las tierras, o tendrá que empezar a pagar una multa de 10.000 dólares por mes en favor de la comunidad, según explicó el abogado de Tierraviva.
