La encuesta muestra el nivel de satisfacción que tienen los ciudadanos con el funcionamiento de los tribunales, y nuestro país es el que tiene el peor de los puntajes. Los encuestados le otorgan a Paraguay una puntuación media de 32,7 sobre 100.
El segundo peor ubicado es Perú, con 35,5 puntos y el tercero es Ecuador, con 38,6. Luego, vienen Haití (39,6), Bolivia (40,4), Argentina (41,1), Venezuela (41,9), Trinidad y Tobago (42,6), Chile (44,1), Guatemala (44,4), según publica este sábado el portal infobae.com.
El rasgo común en la mayoría de estos países es la debilidad institucional, según el sondeo. En casi todos primó en las últimas décadas la inestabilidad política, marcada por cambios bruscos entre un gobierno y otro, y por interrupciones abruptas de los mandatos presidenciales, agrega el estudio.
El otro rasgo común en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, es la emergencia de gobiernos con altos niveles de popularidad y muchas ambiciones de poder, que intentaron avanzar sobre el control del Poder Judicial.
La gran excepción a esta regla es Chile, que se distingue en la región por la estabilidad institucional que logró mantener desde el regreso de la democracia, en 1990. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para garantizar un acceso justo e igualitario a la justicia, lo que desgastó la confianza de la gente en su funcionamiento.
El país de América en el que más se confía en el sistema judicial es Canadá, con 58,3 puntos. Segundo está Uruguay, con 54,1; tercero Costa Rica, con 53; y cuarto Estados Unidos, con 52,3.
Los cuatro países tienen democracias consolidadas, con sistemas de partidos que funcionan y que están vigentes desde hace muchos años, y con un compromiso institucional de defender la división de poderes.
Caso Paraguay
Paraguay se vio muy afectado en los últimos tiempos por la corrupción y la impunidad que manchan el sistema judicial. Varios políticos aparecieron como sospechosos en hechos delictivos, vinculados al narcotráfico.
Entre ellos el caso del intendente de Yby Pytã, Virgilio Portillo, quien fue detenido con 8.000 kilos de marihuana picada y 175 kilos prensada. El mismo fue detenido y derivado a la cárcel de Ciudad del Este pero después de tres meses fue liberado luego de que el fiscal Diosnel Giménez haya solicitado el sobreseimiento provisional y luego la extinción de la causa.
Hoy en día, este político liberal ostenta un prontuario completamente limpio y el cargo de intendente municipal. El ahora jefe comunal logró sepultar su causa con la colaboración de tres agentes fiscales y un juez penal de Curuguaty, que lo beneficiaron a lo largo del proceso, según las publicaciones periodísticas.
