El mandatario, de 79 años y que desde 2017 gobierna junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, también sigue cerrando organizaciones no gubernamentales (ONG) y universidades, y aplicando otros métodos sistemáticos de censura y persecución contra críticos y opositores, según ese informe.
En noviembre pasado –indica HRW–, Ortega propuso una reforma constitucional que amplía los poderes presidenciales y limitará los derechos fundamentales.
Esos cambios establecerán una “copresidencia” con Murillo y les otorgarían el poder de “coordinar” los demás poderes del Estado.
Esa enmienda, según HRW, parece diseñada para brindar cobertura legal a muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del Gobierno.
Esta semana la Asamblea Nacional, controlada por los sandinistas, comenzó a aprobar en segunda votación y definitiva esa reforma.
El informe de HRW recuerda que en septiembre pasado el gobierno sandinista expulsó a 135 presos políticos a Guatemala y los despojó de su nacionalidad y de sus bienes, “violando el derecho internacional”.
Más de 450 personas han sido privadas de la nacionalidad nicaragüense desde febrero de 2023 y muchas han quedado apátridas, según ese organismo. Otros 46 opositores políticos siguen encarcelados. Sobre la libertad de religión, señala el informe, el Gobierno ha intensificado su campaña contra las instituciones religiosas, especialmente la Iglesia católica. EFE
