López, también defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 mayo de 2025 bajo el cargo de peculado (malversación), en relación con su labor como asesora en el Tribunal Supremo Electoral durante el Gobierno del izquierdista Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), pero la Fiscalía General cambió el delito a enriquecimiento ilícito cuando presentó la acusación formal el 2 de junio de 2025.
HRW también considera que se debe permitir a la abogada un “contacto regular” con su familia y abogados.
“Ruth López pasó años advirtiendo que el presidente Bukele estaba desmantelando las instituciones que protegen a los salvadoreños del abuso de poder”, indicó Juanita Goebertus, directora para América de HRW en un comunicado publicado por la organización en su página web.
También, señaló que “las autoridades deberían levantar el secretismo sobre su caso, presentar cualquier prueba creíble en un tribunal abierto y permitir que López tenga acceso significativo a sus abogados.”
La organización insistió en que “las pruebas contra López no se han presentado en audiencia pública” y que “el juez no ha articulado públicamente una razón para mantener su caso bajo sello judicial”.
La abogada se encuentra en la cárcel Granja Penitenciaria de Izalco, ubicada en el occidente del país a 60 kilómetros de la capital, y a la espera de la audiencia de instrucción que tendría que ser programada para junio próximo.
En su trabajo como abogada y defensora de derechos humanos, López participó en la presentación de diversas demandas de inconstitucionalidad, informes relacionados con transparencia, en avisos a la Fiscalía para que investigue el uso irregular de fondos estatales y en sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre El Salvador.
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En diciembre de 2024, la abogada fue incluida en la lista de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC, en reconocimiento a su trabajo en la promoción de la transparencia y la justicia social.
HRW apuntó que “el uso de la detención preventiva indefinida contra López y otros críticos del gobierno refleja un patrón más amplio en El Salvador, donde los sucesivos cambios legales adoptados desde 2022 han desmantelado efectivamente las garantías del debido proceso, incluyendo límites a la detención preventiva, y han permitido audiencias masivas de cientos de acusados a la vez en el conflicto”.
Según la organización, “la mayoría de estas medidas se adoptaron bajo el estado de emergencia (régimen de excepción) vigente desde marzo de 2022".
Fuente: EFE.
