Evelio Ramón Giménez, dirigente y vocero de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT), denunció la brutalidad policial en operativos de desalojo a comunidades campesinas e indígenas.
Recordó lo sucedido a principios del año en San Juan Nepomuceno, Caazapá, donde más de 160 familias campesinas fueron violentamente desalojadas de sus tierras, entre ellas, niños y personas de la tercera edad, quienes vivieron momentos de desesperación y angustia.
Actualmente, en esa misma parcela, protegida por fuerzas policiales y con la anuencia del Ministerio Público, ya se instalan maquinarias para la mecanización del suelo y la producción de soja transgénica y la instalación de eucaliptales y arroceras.
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“Es inhumano ver a niñas, niños y abuelos en estas condiciones, sin protección, sin medios de subsistencia y con un futuro robado”, expresó Giménez.
Afirmó que en sitios como Maracaná, Departamento de Canindeyú, familias desplazadas sobreviven bajo carpas improvisadas, soportando las lluvias y el frío, sin alimentos suficientes ni atención médica.
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En todos los casos documentados, los desalojos se llevan a cabo con un uso excesivo de la fuerza. Policías y agentes de seguridad actúan con brutalidad, sin respetar la integridad física ni emocional de las comunidades afectadas, según la denuncia.
Desalojo suspendido
Tras las gestiones de varias organizaciones y principalmente de referentes importantes de la Iglesia católica se logró suspender el desalojo anunciado para este viernes en la comunidad indígena Hugua Po’i, ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.
El monseñor Juan Bautista Gavilán, obispo de Coronel Oviedo y actual presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, él mismo se encargó de informar a los pobladores el pasado lunes 9 de junio.
Varias organizaciones afines a la lucha de esta comunidad se unieron para tratar de encontrar solución y que estos originarios continúen habitando y produciendo en sus tierras ancestrales.
Las tierras son ocupadas por unas 70 familias que nacieron en las aproximadamente 1.000 hectáreas de territorio ancestral del pueblo Mbya Guaraní. La comunidad se encuentra bajo ataque desde hace tiempo y ya ha sido víctima de, al menos, dos desalojos forzosos en los últimos años, según indican las organizaciones sociales.
