La orden de “detención provisional” contra Alfredo Cristiani, presidente del 1989 al 1994 y en paradero desconocido, fue emitida por el delito de “encubrimiento personal” por decretar una amnistía con la que se evitaba el procesamiento de los responsables de la matanza, según una resolución la resolución judicial, dijo a la AFP por el abogado Alejandro Díaz, defensor de familiares de víctimas.
La orden, que también implica a cuatro ex diputados, fue emitida por un juzgado de la ciudad de San Francisco Gotera (noreste) que procesa a varios militares por la matanza, considerada la más grande en Latinoamérica y perpetrada durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992).
“Nos interesa que se persiga a todos los responsables y desde hace años se ha estado hablando de las personas que han estado obstaculizando, solamente que pensamos que son más las que están involucradas (...) y debe investigarse realmente”, agregó Díaz.
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Según la resolución, Cristiani, de 76 años, y los cuatro ex diputados encubrieron a los presuntos responsables de la masacre al impulsar la amnistía, aprobada en 1993 y derogada en 2016.
Esa ley “les garantizaba plena y absoluta impunidad a los autores materiales e intelectuales” de las masacres de El Mozote y lugares aledaños, indicó el texto.
¿Resolución “política”?
El asesinato masivo ocurrió entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981. Unidades del Ejército salvadoreño, encabezadas por el batallón contrainsurgente Atlacatl -adiestrado por Estados Unidos-, asesinaron a al menos 988 habitantes, entre ellos 558 niños, de El Mozote y comunidades cercanas.
Los militares participaban en la denominada “Operación Rescate”, una misión que tenía como fin acabar con los sospechosos de colaborar con el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FML) del departamento de Morazán, en el noreste del país.
Otras 712 personas que sobrevivieron al ataque abandonaron la zona. El conflicto en El Salvador dejó más de 75.000 muertos, al menos 7.000 desaparecidos y miles de desplazados.
Esta el matanza más grande conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2012 dictaminó que el Estado salvadoreño era responsable de este hecho y le exigió medidas de repación.
Aunque consideró que es necesario que se detenga a “encubridores”, Díaz expresó preocupación de que la orden contra Cristiani tenga tinte político de cara a las elecciones presidenciales de febrero en las que el presidente Nayib Bukele buscará la reelección.
“Nos preocupa que sea parte de una manipulación política con una visión más electoral” dijo el letrado, que expresó su temor de que no sirva para avanzar en la resolución del caso.
“Dilatar” proceso
La ONG Cristosal, que también acompaña a las víctimas, indicó en un comunicado que las órdenes de captura “es una estrategia más para dilatar un proceso que lleva esperando justicia” por más de cuatro décadas.
“Mientras las autoridades continúan retrasando este proceso, el número de víctimas que fallecen sin haber tenido acceso a la justicia sigue creciendo”, añadió la agrupación.
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Cristiani no ha sido detenido porque está en paradero desconocido desde hace años.
Desde 2022 pesa sobre él una orden de arresto por su supuesta participación en el asesinato de seis sacerdotes católicos y dos colaboradoras, cometido por el ejército en 1989 en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).
Cristiani también ha sido involucrado en actos de corrupción y en junio le fueron incautados varios bienes por la fiscalía, en un proceso de “extinción de dominio” contra el ex presidente que gobernó bajo la bandera del derechista partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Fuente: AFP.
