Aunque popularmente se la conoce como Ley de Insurrección de 1807, se trata en verdad de una amalgama de distintos estatutos promulgados por el Congreso entre 1792 y 1871, según subraya el Centro Brennan para la Justicia, un instituto de pensamiento no partidista que aboga por el Estado de derecho.
Esa normativa está considerada uno de los poderes de emergencia más contundentes.
En circunstancias normales, la ley Posse Comitatus prohíbe que el Ejército participe en actividades de aplicación de la ley civil. Invocar la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa otra legislación.
Está pensada para ser aplicada en crisis que superen la capacidad de respuesta de las autoridades civiles, pero, según el Centro Brennan, su uso no está claramente definido ni limitado, lo que otorga a los presidentes un poder considerable para estipular cuándo y dónde desplegar las fuerzas militares dentro del país.
Aunque una de sus provisiones -la 251- señala que requiere el consentimiento de un Estado, otras dos -la 252 y 253- le permiten movilizar a las tropas sin la petición del Estado afectado e incluso en contra de su voluntad.
La Ley de Insurrección no debe confundirse con la ley marcial, entendida como un poder que permite al Ejército asumir el papel del gobierno civil en una situación de emergencia. En cambio, sí autoriza que las fuerzas armadas ayuden a las autoridades civiles. El Centro Brennan recuerda que un presidente no tiene autoridad para invocar la ley marcial.
La última vez que se hizo uso de la Ley de Insurrección fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993). California solicitó al entonces mandatario republicano esa ayuda militar en respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.
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En el pasado sí se ha invocado a pesar de las objeciones de los gobernadores locales. Así, los presidentes Dwight Eisenhower (1953-1961) y John F. Kennedy (1961-1963) hicieron uso de ella para facilitar la integración escolar después del histórico fallo del Supremo en el caso Brown contra la Junta de Educación, que declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas públicas.
La falta de estándares claros dentro de dicha ley, según el Centro Brennan, ha creado una situación en la que el presidente tiene una discreción casi ilimitada para desplegar tropas federales en caso de disturbios civiles. La reforma de la misma estaría en manos del Congreso.
Trump no ha invocado formalmente la Ley de Insurrección, pero sí ha afirmado que si debe hacerlo lo hará. Este lunes se refirió en concreto a la ciudad de Portland, en Oregón, que él considera que está “en llamas”.
La batalla legal entre Oregón y el Ejecutivo ha escalado después que la jueza Karin Immergut, nominada por Trump, prohibiera temporalmente el despliegue de soldados de la Guardia Nacional de Oregón y de cualquier otro estado mientras estudia una demanda estatal que argumenta que el envío de tropas es ilegal e innecesario.
Las fuerzas federales pueden ser desplegadas sin invocar la Ley de Insurrección, pero los límites en ese caso están más claros. Por ejemplo, para proteger edificios gubernamentales o tribunales, y sus agentes no pueden ejercer las funciones de la policía civil, como detenciones o represión de protestas.
Fuente: EFE
