Las nuevas restricciones de la Justicia Electoral son una de las causas de la nula participación de observadores nacionales en las elecciones municipales del 4 de octubre. Para Decidamos, las exigencias son similares a la ley garrote, mientras que el órgano electoral defiende las medidas.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ningún observador nacional se inscribió para participar de las elecciones del próximo domingo. Junto al problema de financiamiento que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro, las nuevas exigencias juegan un papel disuasivo en este trabajo.
Resolución. Uno de los principales cuestionamientos a la Resolución N°77 que publicó el TSJE en mayo pasado tiene relación con la obligación que tienen los observadores nacionales de presentar sus informes ante la institución antes de hacerlos públicos.
“La observación no es para la Justicia Electoral, es para la ciudadanía, es para la opinión pública”, advirtió Susana Aldana, directora ejecutiva de Decidamos.
Otro de los puntos señalados por la directora de Decidamos es la prohibición de publicar resultados preliminares antes de que la Justicia Electoral los difunda oficialmente.
La disposición genera dudas sobre qué debe entenderse por “resultado oficial”, debido a que existe una diferencia entre la divulgación de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) al término de la jornada de votación y el posterior acto de proclamación de autoridades.
Aldana cuestiona qué sentido tendría realizar un conteo propio si las organizaciones no pueden comunicar sus resultados a la ciudadanía antes de que lo haga el organismo electoral. Explicó que la observación ciudadana implica precisamente realizar controles independientes sobre lo ocurrido en las mesas y contrastar los resultados.
Ley Garrote. Aldana sostiene que el nuevo reglamento mantiene características restrictivas que ya habían sido cuestionadas por las organizaciones civiles durante procesos anteriores.
Recordó que para las elecciones de 2023 el TSJE estableció condiciones que dificultaban la movilización de observadores. Entre las restricciones mencionó limitaciones para menores de 18 años, funcionarios públicos y personas vinculadas a partidos políticos.
“Ahora ellos sacaron un reglamento muy similar al de 2023, que es superrestrictivo y pone más condiciones muy similares a la Ley Garrote”, sostuvo.
Uno de los obstáculos tiene que ver con la exigencia de la presentación del plan de financiamiento y el listado de personas que participarán de la misión de observación de manera muy anticipada.
En ese sentido, Aldana dijo que debe entenderse que la observación ciudadana depende en gran medida de voluntarios que suelen inscribirse cerca de la jornada electoral.
Más críticas. La representante de Decidamos criticó la visión que tiene la Justicia electoral sobre la participación de las organizaciones ciudadanas.
“Ellos tienen una concepción de que las elecciones es un tema entre el sistema de control de la Justicia Electoral y los partidos”, sostuvo.
Sobre el punto dijo que las elecciones también constituyen un proceso ciudadano y que la participación de observadores independientes debería ser promovida por la propia autoridad electoral.
“Ellos tendrían que promover y financiar, inclusive, que haya observadores ciudadanos”, afirmó.
Asimismo, recordó que organizaciones de la sociedad civil como Decidamos y Alma Cívica ya habían quedado fuera de la observación nacional en el proceso electoral anterior debido a las exigencias que presentó el TSJE poco antes de las elecciones. Esta situación significó un llamado de atención de misiones internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea.
Versión del TSJE. El director de procesos electorales del TSJE, Carlos María Ljubetic, defendió las medidas adoptadas por la institución e hizo hincapié en la libre participación ciudadana, pero sin el estatus de observador nacional.
“Ellos pueden entrar a todos los locales de votación que quieran, pueden supervisar todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran, ganó fulano, perdió fulano, fulano se retiró, todo lo que quieran, pero no es una responsabilidad porque no es oficial al no ser reconocida como observación nacional”, argumentó.
En cambio, si las organizaciones son reconocidas como observadoras, Ljubetic advierte que deben seguir los cánones establecidos.
También justificó la exigencia de presentar un plan financiero y el origen de los recursos. “Nosotros tenemos que saber quién financia esa organización. Está prohibido el financiamiento externo de todo lo que están en procesos electorales”, apuntó sobre las garantías que debe ofrecer el TSJE de que no haya intenciones de informar respondiendo a intereses políticos y económicos.
En cuanto a la observación electoral internacional, para el 4 de octubre se esperan misiones de la Organización de Estados Americanos, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, Unión Interamericana de Organismos Electorales y A-WEB (Association of World Election Bodies).
