Tal como lo hizo el pasado martes la Cámara de Diputados, el Senado aceptó el veto parcial del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, a la polémica ley por la que se buscaba despenalizar las omisiones en las declaraciones juradas de funcionarios.
Asimismo, los legisladores promulgaron la parte no objetada del proyecto legislativo, en el punto que establece la no obligatoriedad de que los integrantes de empresas proveedoras del Estado deban presentar su declaración jurada antes de convertirse en oferentes.
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El documento pretendía ser una avivada del bloque cartista de Diputados, que intentó modificar el artículo 14 de la Ley de Declaraciones Juradas, estableciendo que el declarante realice “en cualquier momento” las rectificaciones que considere convenientes.
El proyecto de ley buscaba eliminar la facultad de la Contraloría General de la República (CGR) de denunciar ante el Ministerio Público los errores y las omisiones voluntarias, así como dejar abierto el plazo de corrección del documento.
El veto parcial del mandatario guarda relación específicamente con la modificación de la Ley 5033, que reglamenta la Constitución en lo relativo a la declaración jurada de bienes.
Durante la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Senadores concretó el archivo de las modificaciones y sancionó la parte no objetada de la propuesta de normativa.
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El proyecto fue remitido por la Contraloría General de la República y señala que si surgieran indicios de que la omisión o error fuere con dolo imputable al declarante, la CGR denunciará este hecho al Ministerio Público o a la autoridad jurisdiccional competente para el inicio de las investigaciones que correspondan, sin detrimento de que esta realicen las correcciones pertinentes e imponga una sanción. La Cámara de Senadores no pudo obtener una mayoría para rechazar las modificaciones que hizo el cartismo en Diputados y a fines de mayo el Ejecutivo vetó los cambios.
