Los primeros cinco ocupantes vips de Jardines de Remansito se presentaron a la audiencia convocada por el Juzgado para presentar documentación que avale su permanencia en la zona requerida por la Procuraduría. Sin embargo, el juez original del caso, José Villalba, fue recusado “sin excepción de causa” por Rossana Ramírez, por lo que tuvo que apartarse.
La audiencia continuó con el juez Martín Acosta, pero este también fue recusado por tres personas, por lo que finalmente el proceso quedó a cargo del magistrado Juan Martínez.
El juez Villalba cuestionó la medida, pero dejó la decisión al Tribunal de Apelación que deberá entender sobre las recusaciones presentadas.
“Entendemos que la recusación es improcedente, pero es el tribunal de apelación quien va a dirimir”, expuso el magistrado.
El abogado Juan Claudio Gaona, representante de dos ocupantes, cuestionó la recusación por considerar una pérdida de tiempo.
“No es pertinente la recusación y no impide la entrega de los documentos. Tenemos que entender que esto no muestra buena voluntad de quien presentó porque el objetivo final es entregar y si no es con un juez será con otro”, refutó.
Dos de los convocados que acudieron a la cita sí pudieron declarar y presentar sus argumentos sobre la posesión del inmueble. Uno de ellos reconoció que no tiene documentación por lo que estaría dispuesto a devolver la parcela. Mientras que el segundo, alegó que está respaldado por un título del Indert, por lo que no desea abandonar la propiedad.
El procurador Marco Aurelio González, quien encabeza el proceso de recuperación de las 131 hectáreas que son parte de la finca 916 de Remansito, explicó que el documento fue anulado tiempo atrás por lo que no tiene validez.
González indicó que ante la situación de resistencia, todo apunta a que se abrirá una demanda de reivindicación, que corresponde al ámbito civil. No obstante, no descarta que además se dé una demanda de indemnización, para lo que los ocupantes deberán pagar al Estado por el tiempo de usufructo de las tierras y por los daños ocasionados.
“La instancia de reivindicaron es casi seguro, pero no descartamos ampliar una demanda de indemnización y ante la detección de hechos irregulares, comunicar a la Fiscalía. También el desalojo podría ser una consecuencia. Con la indemnización se podrá reclamar por los daños ocasionados o solicitar retornar el precio por el tiempo que se usaron los inmuebles”, explicó el Procurador.
Días antes de la audiencia, dos de los ocupantes ya entregaron sus llaves y desistieron de la posesión. Se sumó uno más ayer ante el juez, de los 18 requeridos.
Los dos primeros que hicieron la entrega dejaron al Estado también todas las pertenencias del inmueble. En una parcela existe un tinglado, y en la otra una casa con aire acondicionado, ventilador y una cama.
“Las tierras pertenecen al Ministerio de Defensa, mientras no sean transferidas a Agricultura y no se pase al Indert o no haya una ley que disponga que pasen al municipio de Villa Hayes”, afirmó el procurador.
Esta primera etapa del proceso abarca solo a zona ribereña, que tiene 16 hectáreas con 18 ocupantes.
