Ocho funcionarias del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aguardan una decisión judicial que podría definir nuevamente el rumbo de una causa por presunta violencia digital, hostigamiento y otras formas de violencia denunciadas durante meses. Las afectadas apelaron la resolución que dejó sin efecto las medidas de protección dictadas inicialmente a su favor y reclaman que el caso retome su curso, con la producción de pruebas que consideran fundamentales para esclarecer los hechos.
La controversia se encuentra actualmente en manos del juez de Primera Instancia Heinrich Fabián von Lücken, quien deberá resolver la apelación presentada contra la decisión de la jueza de Paz de San Roque, María Ester Salinas.
El caso se inició luego de que las ocho funcionarias denunciaran una serie de ataques que, según su representación legal, se extendieron durante aproximadamente 17 meses y se produjeron tanto mediante redes sociales como a través de mensajes telefónicos y situaciones que las denunciantes califican como hostigamiento en el lugar de trabajo.
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Uno de los puntos centrales del expediente es un perfil de Facebook desde el cual se habrían difundido publicaciones dirigidas contra las funcionarias.
De acuerdo con la denuncia y los antecedentes publicados, los ataques no se habrían limitado a cuestionamientos sobre la gestión o desempeño de las trabajadoras. Las denunciantes sostienen que se utilizaron expresiones degradantes, referencias a su vida privada, sexualización, insinuaciones sobre las razones por las cuales accedieron a cargos de dirección e incluso publicaciones relacionadas con familiares.
La defensa afirma que fueron presentadas cerca de un centenar de capturas de pantalla y un acta notarial relacionada con mensajes enviados a teléfonos celulares.
Medidas de protección y traslado de funcionarios
En una primera instancia, la jueza de Paz de Recoleta María Bethania Mendieta había dispuesto medidas urgentes de protección para las ocho mujeres.
Entre ellas figuraba la prohibición de acercamiento de los denunciados a las funcionarias, sus familiares y los lugares que estas frecuentaban. También se prohibieron actos de intimidación, persecución, amenaza o descrédito, tanto de manera directa como mediante terceros o herramientas tecnológicas.
A partir de esas medidas, el Indert dispuso el traslado preventivo de los cuatro funcionarios a dependencias del interior del país, entre ellas oficinas ubicadas en Concepción, Paraguarí, Guairá y San Pedro.
Mientras avanzaba la causa judicial, los denunciados fueron separados físicamente de las funcionarias que habían presentado la denuncia.
Posteriormente, el expediente pasó al Juzgado de Paz de San Roque, donde la jueza María Ester Salinas resolvió levantar las medidas de protección y rechazar la denuncia.
