Por Brigitte Colmán - bcolman@uhora.com.py
El bluff de la semana estuvo a cargo del director de Reclutamiento, Reserva y Movilización, Migdonio Godoy, y su gran aporte al delirio nacional.
Aparte de la fama ganada tan fácilmente, Migdonio armó un tremendo despiole con la nota que envió a algunas empresas. En ella les recordaba la vigencia de la Ley 569/75 del Servicio Militar Obligatorio. La intención era exigir libretas de bajas a los empleados.
La comunicación decía que aquellas personas que no cumplan con la ley no pueden ser contratadas. Vale decir que, sin la famosa baja, no se puede trabajar.
El director de Reclutamiento citó el artículo 47 de la Ley 569/75, por el cual los empresarios que admitan empleados que no cumplan con las medidas, podrán ser multados con tres salarios mínimos por cada trabajador.
Desde el día en que saltó la información, los muchachos no paran de llegar a la Defensoría del Pueblo para hacer su declaración de objeción de conciencia.
La objeción de conciencia es un derecho establecido en el artículo 37 de la Constitución Nacional. Y está reglamentada por la Ley 4013/10, que además establece el servicio sustitutivo en beneficio de la población civil.
De hecho, los cuestionamientos a esa reglamentación dieron pie a una acción de inconstitucionalidad, pero esa es otra cuestión.
El tema, como todo en este país, terminó polarizando las opiniones: en una esquina quedaron los que reivindican el Servicio Militar Obligatorio, y en otra quienes lo rechazan con gran entusiasmo.
Esta historia culmina -por ahora- con la destitución del director de Reclutamiento.
Y, aunque nunca sabremos de quién fue realmente la iniciativa de volver a exigir la tristemente célebre “baja militar”, no es creíble que la ministra de Defensa no estuviera enterada.
“Yo no sabía lo que estaba pasando”, dijo María Liz García, y agregó que se quedó muy preocupada al escuchar cómo las empresas se estaban manifestando.
De los miles de muchachos que pudieron haber perdido sus empleos no dijo ni una sola palabra.
Lo cierto es que la ministra debería preocuparse, pues si es cierto que ella no sabía nada, eso significa que los militares a su cargo andan por su cabeza.
Y eso, francamente, ya es demasiada democracia, incluso para este país.
