Los obispos del Paraguay, reunidos en la 227ª Asamblea Plenaria Ordinaria, manifestaron su preocupación e indignación ante ciertas situaciones y citaron los desafíos pendientes para el crecimiento de la sociedad.
Como primer punto, mencionan a la corrupción, pública y privada, la cual aseguran daña la confianza y malgasta los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida del pueblo, en especial de los sectores vulnerables.
“Seguimos necesitando y reclamando el bien común de la salud, de la educación, del alimento, del trabajo, del techo, de la tierra, de la dignidad de toda la vida, de servicios públicos de calidad y de políticas firmes y sostenidas que afiancen la equidad y el desarrollo para todos”, reclama el escrito.
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Como segundo punto señalan “la fragilidad e ineficacia, en algunos casos, de muchas instituciones”, las cuales refieren estar más interesadas en el beneficio del poder que en el servicio al bien común, lo que retrasa e impide la aplicación de políticas públicas adecuadas a las demandas de los diversos sectores sociales y económicos del país.
“Por la falta de respuestas oportunas y de seriedad, se cierran empresas y se pierden empleos que hipotecan el presente y el futuro de muchos jóvenes y de muchas familias. Es necesario recuperar la credibilidad de nuestras instituciones públicas, con coherencia, honestidad y compromiso”, exhortan.
El aumento de la pobreza ocupa el tercer punto de lista. Al respecto, los obispos instan a asumir “juntos el desafío de superar la inequidad estructural (…). Hay que unir esfuerzos para que el número de migrantes internos no aumente, que muchos campesinos no abandonen el campo, que los indígenas no se vean alejados de su hábitat natural”.
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Agregan que es el momento de acompañar y preparar al pueblo, generando recursos y ocupación, educación y futuro, y evitar que muchos engrosen las periferias de las ciudades, con las consecuencias dolorosas del desarraigo, la precariedad, las adicciones, la separación de familias, la promiscuidad, la falta de servicios básicos, la indigencia y las consecuencias sicológicas y existenciales.
En cuarto lugar, exigen una solución al desplazamiento de los pueblos indígenas de su hábitat natural, que en muchos casos son expulsados de sus territorios, “con acciones de cuestionable legalidad y, no pocas veces, al amparo de algunos poderosos”.
“Los organismos públicos responsables deben velar por el cumplimiento de la ley y de los derechos de nuestros hermanos nativos, dándoles el apoyo que requieren, y asistiéndoles en la gestión de servicios básicos para llevar una vida digna, al mismo tiempo que las garantías y la seguridad frente a intereses privados y acciones que atentan contra ellos. Pedimos que se brinde solución a los conflictos de larga data, como la del pueblo guaraní Ñandeva de Loma y otros en el territorio nacional”, sostiene el mensaje.
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Educación e Itaipú
En otro punto, se aborda la educación que pasa por un momento crítico. “El contexto de pandemia y la suspensión de las actividades presenciales, además de exigir acciones sustitutivas y paliativas, son una oportunidad para generar un diálogo amplio, integrador y con horizonte en vistas a una reforma. Esta es una ocasión propicia para plantear un proyecto convocante de todos los sectores interesados en diseñar e implementar las mejoras requeridas para las circunstancias y las tecnologías de hoy”, mencionan.
Además, en el punto seis citan entre los desafíos del Gobierno la renegociación del Anexo C del Tratado de la Itaipú Binacional e instan al aprovechamiento de la energía y de los bienes generados por esta hidroeléctrica.
“Debe ser de interés y consenso nacional que esta empresa se oriente a lo que está llamada a ser: Un bien común, que genera posibilidades de desarrollo, y administrado correctamente. Pedimos que se escuche a todos los sectores, y que nuestro Gobierno sepa plantear debidamente el cuidado de nuestro patrimonio”, afirman.
También, reconocen la necesidad devolver la seguridad a la vida de todos con relación a los tres paraguayos. “El camino de la violencia no es el que debe ser transitado para conquistar la justicia social que queremos”, indica el manifiesto.
Añaden que se debe promover un pacto social fundado en una justicia transparente, objetiva y eficiente, y en un compromiso común de buscar soluciones integrales e integradoras.
“Debemos decir definitivamente no al secuestro, a la extorsión humillante, al asesinato impune, al abuso de poder, al fraude y a toda práctica contraria a la dignidad de las personas, de la verdad y del bien. Con insistencia exhortamos a la liberación de los secuestrados, Edelio Morínigo, Félix Urbieta y Amancio Óscar Denis Sánchez”, exigen.
Finalmente, los representantes de la Iglesia Católica reflexionan sobre la necesidad de la construcción de una sociedad más justa, más fraterna y equitativa, junto con los desarrollos sociales y económicos que necesita y exige nuestro país, los cuales descansan sobre los hombros de todos los paraguayos, pero responsabilizan principalmente a las autoridades.
