El nuevo titular del Ministerio de Justicia, Édgar Olmedo Silva, mantuvo reuniones de trabajo con directores de diferentes establecimientos penitenciarios del país, a quienes solicitó reforzar los controles de seguridad de las cárceles.
Asimismo, solicitó informes diarios sobre la situación de los penales, a fin de tomar medidas correctivas urgentes en caso de detectarse inconvenientes. También requirió un relevamiento de las principales necesidades, con la intención de dar soluciones en la brevedad posible.
Esta reunión es parte de las primeras gestiones al frente de dicha cartera de Estado, luego de que la ex ministra Cecilia Pérez fuera designada como asesora de Asuntos de Seguridad de la Presidencia.
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De acuerdo con el Ministerio de Justicia, Olmedo dio expresas indicaciones de precautelar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, realizando un control permanente de las condiciones de vida, y en especial de la buena calidad de la alimentación elaborada en los penales.
Por su parte, los directores brindaron detalles de la dinámica interna del trabajo penitenciario, así como un informe preciso sobre la población de personas privadas de libertad, según informó el director general de Establecimientos Penitenciarios, Christian Ortiz.
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con una población total de 15.486 personas privadas de libertad, de las cuales 10.983 se encuentran con prisión preventiva, y 4.503 tienen condenas firmes. De la primera cifra, 14.723 son hombres y 763 mujeres. Existen en todo el país 18 penitenciarías, y tres se encuentran en proceso actual de construcción.
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Tras asumir Édgar Olmedo afirmó que tiene conocimientos en el manejo de conflictos y se rodeará de asesores que le puedan dar el soporte técnico para ejercer el cargo de la mejor manera.
Indicó que tiene recorrido como abogado penal, lo que lo hace sentirse capaz de asumir el desafío; sin embargo, reconoció que no cuenta con experiencia respecto a organismos de seguridad.
Olmedo renunció como presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), tras una gestión marcada por las constantes movilizaciones de las comunidades nativas y críticas hacia su gestión.
