Se espera que entre este martes y miércoles se vote una propuesta para reactivar un sistema que calcule límites de “capturas sostenibles” para la caza comercial de ballenas, durante la reunión que la Comisión Ballenera Internacional celebra hasta el viernes en la ciudad de Portoroz, en Eslovenia.
Si esa propuesta sale adelante, se activaría un proceso que podría acabar con la moratoria “tarde o temprano”, advierte a EFE Sandra Altherr, de la ONG alemana Pro Wildlife, y que está siguiendo la conferencia de la Comisión.
En 1982 este organismo acordó por mayoría una moratoria de cinco años a la caza comercial de ballenas, que comenzó a aplicarse cuatro años después, aunque países como Japón, Islandia o Noruega no la respetaron.
Así, desde 1985 se han capturado por motivos comerciales unas 28.000 de estos animales, más otras 12.000 de la cuota para comunidades aborígenes, dependientes de esa actividad, de regiones como Alaska o Groenlandia, según datos de la Comisión.
Ante esas cifras, Altherr afirma que, sin la moratoria, la situación de las ballenas en la actualidad sería mucho más dramática.
En 1994 se estableció un sistema para calcular límites sostenibles de capturas, que nunca llegó a aplicarse ante la falta de acuerdo sobre un mecanismo de control, que es lo que la propuesta actual quiere reactivar.
Altherr señala que estos intentos para debilitar la moratoria se producen de forma periódica, bajo planteamientos distintos. Para que se apruebe la propuesta actual basta con una mayoría simple entre los países presentes con derecho a voto, que son unos 50 de los 88 miembros de la Comisión.
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La resolución la propone Antigua y Barbuda, un país que, según Altherr, recibe ayuda económica japonesa para su industria pesquera y se ha convertido en “la punta de lanza del movimiento pro caza de ballenas”, sobre todo desde que Japón se retiró de la Comisión en 2019, tras no aceptarse una propuesta suya para modificar la moratoria.
Japón mantiene ese tipo de cooperación con otros países del Caribe, Oceanía y África, algo que Altherr llega a calificar de “compra de votos”.
Con todo, Altherr es optimista de que los defensores de las ballenas tengan mayoría, aunque el resultado de la votación podría ser apretado.
“No tiene posibilidades de ser aprobada, ya que la mayoría de los países miembros apoyan el uso no letal y no extractivo de ballenas”, asegura por su parte Roxana Schteinbarg, cofundadora de la ONG argentina Instituto de Conservación de Ballenas, y que participa como observadora en la reunión.
La experta recuerda que hay naciones que nunca han cazado ballenas y que parecen “estar respondiendo a los intereses de otro país”, en una velada referencia a Japón.
Así, la Comisión debatirá otra propuesta sobre “seguridad alimenticia” en la que Gambia, Guinea, Camboya y Antigua y Barbuda argumentan que “las ballenas han sido cazadas para fines nutricionales durante miles de años” y que su caza contribuiría a luchar contra el hambre en el mundo, algo que Altherr afirma es una “tontería”.
Schteinbarg afirma que estos intentos de debilitar la moratoria son “inaceptables” ya que la mayoría entiende que la Comisión ha evolucionado hacia posturas conservacionistas.
La propuesta de Antigua y Barbuda argumenta que la moratoria debería haberse revisado hace tres décadas y que la mayoría de las poblaciones de ballenas ha crecido significativamente y que algunas son “abundantes”, además de insistir en la idea de la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza.
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Schteinbarg mantiene que la caza de ballenas es una actividad anacrónica y perjudicial para el ecosistema marino.
Por ejemplo, Islandia, uno de los países que más activamente ha defendido la caza, ha anunciado que abandonará esa actividad en 2024, debido a la casi nula demanda de carne de ese animal.
Además, recuerda que aunque algunas poblaciones de ballenas se han recuperado, todas están aún lejos de los tamaños previos a la caza industrial que en el siglo XX casi llevó a la extinción a varias especies.
Además, Schteinbarg alerta de que hay otras amenazas tan peligrosas como la caza, desde el cambio climático a la contaminación acústica o por plástico.
“Es necesario concentrar los esfuerzos en mitigar estas amenazas y no agregar una actividad extractiva anacrónica para este siglo”, señala la representante de la ONG argentina.
