–¿Con el nuevo defensor general, mejoró el accionar de la Defensa Pública?
–El nuevo enfoque institucional impulsado por el defensor general ha significado una etapa de cambios importantes. Hoy podemos hablar de una gestión con mayor cercanía, diálogo constante y voluntad de articulación con las distintas áreas. Se ha logrado fortalecer la coordinación entre las sedes y mejorar el flujo de información interna, algo fundamental para dar respuestas rápidas y eficientes a las situaciones que enfrentan las personas que acuden a nosotros. También es justo señalar que persisten desafíos estructurales que limitan el desarrollo pleno de la institución. Son cuestiones que venimos abordando desde la Asociación, con propuestas concretas orientadas a fortalecer la carrera del defensor y garantizar condiciones laborales más equitativas. En síntesis, hay avances, sí, y hay que valorarlos. Pero también hay mucho por hacer.
–¿Se ampliaron las funciones que tienen?
–Formalmente, las funciones no han sido ampliadas. Sí, se han generado cambios relevantes a nivel operativo, como la incorporación de nuevos protocolos de actuación, lineamientos de intervención más especializadas y mejorado la distribución de turnos en varias circunscripciones. No obstante, uno de los mayores desafíos es la falta de suficientes defensores y funcionarios, especialmente en el interior. Esto genera sobrecarga de trabajo que podría afectar la atención a los usuarios, ya que obliga a reforzar la capacidad de respuestas en tiempo y forma. Desde la Asociación insistimos en la urgencia de abordar esta situación, no solo como una cuestión de recursos, sino como una medida indispensable para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
–¿El Consejo de la Magistratura toma en cuenta la labor de los defensores, ya que varios son promovidos?
–Hemos notado una mayor apertura del Consejo de la Magistratura hacia la trayectoria de los defensores. Es un avance positivo y necesario porque muchas veces se ha subestimado el rol del defensor como formador de criterio jurídico, pese a que nuestra tarea exige una preparación constante, intervención en casos complejos y una enorme capacidad de gestión humana. Hoy podemos decir que la experiencia acumulada en la institución empieza a ser valorada al momento de conformar ternas. Como Asociación, entendemos que un punto clave a mejorar es la agilización de los concursos y la conformación oportuna de ternas, para evitar largos periodos con cargos sin cubrir, que impactan en el funcionamiento institucional. La meritocracia y la transparencia deben guiar estos procesos, pero la celeridad es esencial para garantizar continuidad y estabilidad en la administración de justicia.
–¿En qué afecta al trabajo esta migración?
–Tener jueces que conocen desde adentro la defensa pública puede contribuir a una justicia más empática. Pero, también es cierto que este fenómeno nos obliga a reforzar nuestras filas y planificar cómo sostener la cobertura de servicios ante las vacancias que se generan. Las jubilaciones, renuncias y migraciones de defensores hacia otros sectores del sistema de justicia generan un impacto directo, ya que implica una sobrecarga de funciones para quienes permanecen, lo que a su vez puede afectar la calidad y la oportunidad de las respuestas que brindamos a la ciudadanía. Es importante resaltar la marcada desigualdad existente en términos de condiciones laborales y remuneraciones entre defensores, fiscales y jueces. Mientras otros actores del sistema acceden a beneficios económicos y estructurales que dignifican su función, los defensores seguimos luchando por una equiparación que reconozca la trascendencia de nuestra labor y permita sostenerla en el tiempo. Por eso, desde la Asociación venimos planteando con claridad la urgencia de implementar mecanismos de retención del talento humano. Esto implica no solo mejorar las condiciones salariales, sino también incorporar a los defensores en espacios de decisión. Nuestra voz debe ser escuchada si se pretende construir una justicia más equitativa y efectiva.
–Hubo una polémica sobre la ley que admite que puedan cobrar honorarios. ¿Qué dice al respecto?
–La propuesta legislativa ha generado debates, y entendemos que, parte de la polémica, se debe a una interpretación equivocada del espíritu de la norma. No se trata de convertir a la Defensa Pública en un ente de competencia con el ejercicio privado de la abogacía, sino de garantizar que el servicio público gratuito esté verdaderamente dirigido a quienes más lo necesitan. Se establece la posibilidad de que el Estado perciba honorarios en aquellos casos penales donde se demuestre que la persona asistida tiene capacidad económica. Hoy la ley impone al defensor público penal la obligación de intervenir en todos los casos, sin distinción de la condición económica del asistido. Eso genera una distorsión, personas con medios suficientes para contratar abogados particulares recurren al servicio estatal, desplazando a usuarios que sí están en situación de vulnerabilidad. Cabe destacar que en los demás fueros –como el civil, laboral, o de la niñez y adolescencia– esta regla ya opera: solo se asiste a quienes acreditan insuficiencia de recursos. Se busca racionalizar el uso de los recursos públicos, proteger a los usuarios que realmente dependen de la Defensa Pública y permitir que el servicio se concentre en su misión principal: garantizar el acceso a la justicia de los sectores más desprotegidos. Es una medida de equidad, no de exclusión.
–En los casos de la mafia de los pagarés, ¿qué hace la Defensa Pública?
–La Defensa Pública ha asumido ese desafío con la seriedad que corresponde. Brindamos asistencia técnica a aquellas personas que son investigadas o imputadas como presuntas responsables de estos hechos, garantizando su derecho constitucional a una defensa efectiva, conforme al debido proceso y con todas las garantías legales vigentes. Además, también actuamos en defensa de las víctimas de estas maniobras en el ámbito civil, y con el impulso del Adjunto Civil, Dr. Edgar Ríos, se ha implementado un mecanismo especial de atención jurídica, el cual contempla un análisis exhaustivo, un estudio detallado de cada caso individual para determinar las necesidades específicas y brindar el apoyo legal adecuado. Además, se ha establecido una distribución de turnos especiales, la habilitación de líneas directas específicas para atención y asesoramiento, así como el trabajo colaborativo entre defensores de diferentes circunscripciones judiciales con los defensores civil de la Capital, de modo tal que las “víctimas” que residen en el interior del país, no realicen gastos excesivos o innecesarios movilizándose hasta la capital, y así poder acceder a orientación legal y defensa efectiva de sus derechos. La Defensa Pública está presente en ambos frentes, con responsabilidad, profesionalismo y compromiso.
