“La Procuraduría General de la República no tiene facultades para intervenir en causas penales que no involucren intereses patrimoniales del Estado paraguayo”, concluye el dictamen jurídico, que se realizó a pedido de la Justicia.
El procurador Marco González había acompañado la acusación en contra de los tres camaristas que revocaron la rebeldía del abogado Walter Acosta, quien había agredido a dos funcionarios del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), durante una fiscalización.
También, en representación del Estado, habían presentado querella adhesiva para que puedan como víctimas acompañen la investigación. Sin embargo, en el dictamen jurídico se menciona que cualquier actuación que no involucre intereses patrimoniales del Estado “carece de sustento legal y debe ser considerada nula o ineficaz”. “Cualquier causa en la que intervenga la Procuraduría y no tenga dicha facultad, deberá declararse inadmisible”, finalizaron.
