Ser parlamentarios prácticamente los convierte en ciudadanos de primera, ya que la jugosa remuneración que perciben mensualmente, les permite acceder a un buen porcentaje de sus aportes.
Mientras tanto, para el ciudadano común, que no tuvo posibilidad de acceder a una jubilación digna, hay retaceos a la hora de aumentar la pensión, como sucedió recientemente con la modificación de la Ley de Adultos Mayores.
De acuerdo con la ley, la pensión para los abuelitos no debe ser menor al 25% del salario mínimo vigente, es decir, casi G. 700.000 en la actualidad.
En el caso de los legisladores, cuya dieta y gastos de representación superan los G. 32 millones, entonces es un porcentaje mucho más interesante para la jubilación.
Además, hay una serie de cuestiones que siguen pendientes de revisión, ya que se mantienen los reclamos porque supuestamente hay politización y discriminación a la hora de otorgar la pensión para adultos mayores.
Una de las principales trabas representaba el hecho de que primero tenían que someterse a censos.
