Posada Carriles y su equipo defensor escucharon las acusaciones en una conferencia telefónica con la magistrada Kathleen Cardone, efectuada durante una vista judicial en un tribunal federal de El Paso (Texas).
Foto del 8 de mayo de 2007 del anticastrista Luis Posada Carriles saliendo de una audiencia de la Corte Federal de El Paso. EFE/Archivo | Ampliar imagen
Los abogados del cubano, ex agente de la Agencia Central de Investigaciones (CIA) estadounidense y acusado por su país y por Venezuela de terrorismo, pidieron tiempo para analizar las nuevas acusaciones y no descartaron la posibilidad de solicitar que sea aplazado el juicio fijado para el próximo 10 de agosto.
“Las vemos como un nuevo caso, pero vamos a probar la inocencia de nuestro cliente, aún cuando sea necesario viajar a Cuba para realizar las investigaciones necesarias”, dijo a Efe el abogado Felipe Millán al finalizar la audiencia.
No obstante, Cardone advirtió a la defensa de que ella no es “muy propensa a postergar los juicios”.
El anticastrista, con nacionalidad venezolana, no está acusado de colocar los explosivos en hoteles de La Habana en 1997, sino de mentir a un juez de Inmigración cuando le preguntó sobre sus vínculos con ese hecho.
Los fiscales federales encargados del caso dicen tener elementos para creer que Posada Carriles, de 81 años, mintió cuando negó bajo juramento que no conocía al salvadoreño Raúl Cruz León y que tampoco hizo arreglos con éste para que llevara explosivos a Cuba.
Cruz Léon fue condenado en Cuba por el caso y el régimen castrista asevera que fue el encargado de colocar, en complicidad con el antiguo agente de la CIA, el explosivo que ocasionó la muerte del italiano Fabio di Celmo.
Los cargos de perjurio y obstrucción se suman a las acusaciones que tenía Posada Carriles de fraude migratorio y falso testimonio al solicitar la ciudadanía estadounidense en 2005.
En la vista judicial de hoy, la jueza Cardone ordenó restablecer una fianza de 350.000 dólares al acusado, la prohibición salir del país y el dispositivo electrónico en el tobillo para supervisar sus movimientos, entre otras condiciones que ya había fijado en 2007.
Ratificó que no puede tener contactos con los exiliados cubanos que declinaron testificar en su caso: Santiago Álvarez, Oswaldo Mitat, José Pujol, Rubén López Castro y Ernesto Abreu.
Álvarez, que fue benefactor de Posada Carriles, está en proceso de deportación en un centro del Servicio de Inmigración, cerca de Georgia, y los fiscales federales dijeron hoy que no tienen previsto solicitar que él ni los otros exiliados testifiquen en el juicio de agosto.
“No vamos a llamarles porque ya una vez se negaron a declarar”, dijeron.
Arturo Hernández, otro de los abogados del cubano, tampoco planea llamar al estrado a Álvarez.
La jueza Cardone había desestimado los cargos de fraude migratorio y falso testimonio en 2007 al determinar que el Gobierno de Estados Unidos utilizó “prácticas poco éticas” para intentar mantener a Posadas Carriles en prisión.
Su fallo fue recurrido en 2008 ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, que ordenó reabrir el caso.
Los fiscales acusan a Posada Carriles de mentir sobre su ingreso ilegal a Estados Unidos al decir que había entrado por la frontera entre Matamoros (México) y Brownsville (EE.UU.), cuando, alegan, lo hizo por Miami a bordo de una embarcación que habría zarpado desde Isla Mujeres, en México.
Venezuela acusa a Posada Carriles de ser el presunto autor intelectual del estallido en pleno vuelo de un avión de Cubana de Aviación que había partido de Caracas en 1976, un hecho en el que murieron 73 personas.
