Para la secretaria de la Federación Nacional Campesina (FNC), Teodolina Villalba, a pesar de que se cumplen 25 años del golpe de Estado que terminó con el régimen autoritario de Stroessner, la democracia aún está lejos de ser legitimada, pues, las represiones policiales contra campesinos siguen hoy en día muy vigentes.
El último hecho de represión ocurrió este sábado, varios campesinos intentaron nuevamente impedir la fumigación de sojales que contaminan sus comunidades, pero los policías una vez más defendieron al sector agroexportador y reprimieron a los labriegos.
Al menos 16 campesinos resultaron heridos con balines de gomas, mientras que Victoriano Casco quedó detenido a raíz del hecho ocurrido en el barrio San Francisco de la compañía Luz Bella, en el distrito de Guayaybi.
Villalba lamenta que por defender su vida, familia y comunidad del modelo agrícola que contamina con agrotóxicos las huertas, agua y el propio aire, los campesinos tengan que sufrir represiones por parte del Gobierno.
Actualmente Pablino Rojas, y Herminio Enriquez se encuentran recluidos, no sin antes haber sido heridos en brazos y abdomen por parte de la Policía. Cerca de 100 campesinos fueron imputados por diferentes cargos luego de impedir fumigaciones y casi 40 tienen órdenes de captura, según comentó la dirigente de la FNC.
El sector campesino sigue reclamando la injusticia que genera la gran concentración de tierra en manos de una minoría frente a una mayoría empobrecida y abandonada por el Estado. “No hay democracia sin reforma agraria”, reclama.
Pese al discurso sobre la trascendencia de la libertad en la era democrática, Villalba dice que solamente se trata de palabras que no se llevan a la práctica. “Con este modelo de producción no hay democracia”, asegura la dirigente campesina.
Reclamos de sectores obreros siguen sin influir en las políticas de Estado
Con la caída de la dictadura stronista surgió la primavera sindical, los trabajadores comenzaron a organizarse para exigir sus derechos contemplados en la ley, sin embargo esta etapa duró solo hasta finales de la década del 90, ya que según recuerda Juan Torales de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), posteriormente inició de nuevo la persecución en las empresas a todo aquel que decidiera adherirse a un sindicato.
Si bien significó un avance importante en cuanto a la libertad de expresión, organización y manifestación, las voces de los sectores obreros no inciden en las políticas de Estado, lamenta Torales, quien dice que finalmente eso no es democracia.
“Es un proceso en que la ciudadanía, el pueblo, el trabajador tiene incidencia en las políticas de Estado que se implementan”, así describe a una democracia idea el obrero.
Sigue pendiente el cumplimiento de los derechos laborales, humanos, seguridad social y libertad sindical a lo largo de estos 25 años de democracia.
Actualmente los trabajadores siguen corriendo riesgos de ser desvinculados de sus puestos de trabajo por integrar un gremio ya sea en el sector privado o en instituciones estatales, “la dictadura empresarial tiene mucha incidencia”, explica el sindicalista.
"(La organización sindical) es la columna vertebral para la justicia social y la democracia”, dice Torales y refiere que es el lugar donde los obreros reivindican sus derechos laborales garantizados en la ley pero no en la práctica.
Al igual que el sector campesino, la deuda social sigue afectando a los indígenas, que continúan pasando peripecias en busca de la restitución de sus tierras ancestrales, mientras sigue el proceso judicial para determinar el desvío de G. 3 mil millones que debían ser destinados a pueblos originarios, entre ellos Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
Los nativos son atropellados en sus derechos, manipulados por el modelo de producción que los obliga a resistir a tantas inequidades sociales, indica Magui Balbuena de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri).
Según la dirigente no es de extrañarse que la mayoría de los niños indígenas falten a las escuelas, pues la prioridad es rebuscar alimentos para sobrevivir.
Sobre la poca asistencia que brinda el Estado al sector, Balbuena expresó que “No sirve de nada llevar una camionada de mercaderías”, ya que según la dirigente lo que se necesita en realidad es una asistencia integral en beneficio del desarrollo de las comunidades sin quebrantar sus culturas.
En coincidencia con lo manifestado por los sectores sociales, la socióloga Ilda Mayeregger refiere que se priorizan mecanismos económicos para la acumulación de riqueza en beneficio de cierto sector de la sociedad.
Se dejan de lado temas fundamentales que se deben construir en democracia, como la educación, el empleo, y la distribución de la tierra.
En cuanto a las denuncias de represiones, Mayeregger indica que hay un doble discurso del Gobierno, supuestamente aprueba las manifestaciones, sin embargo crea sistemas para bloquearlas, y así lo único que se consigue es rechazar todo avance que lleve al progreso, concluye.
