El presidente de Cavialpa, Paul Sarubbi, se refirió a la reciente reunión en la que el Gobierno presentó al sector de la construcción su plan de acción con el objetivo de saldar las millonarias deudas con el sector.
“La propuesta que hicieron, desde el Gobierno, tenemos que evaluarla, pero está cerca de lo que nosotros hubiéramos esperado. No puedo decir que estamos contentos, pero sí satisfechos con lo que recibimos hoy. Celebramos que pudimos reunirnos en busca de una solución, es importante el diálogo y la visión amplia para llegar a un acuerdo”, expresó a una emisora local.
Por su parte, la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) emitió un comunicado mediante el cual expresan su preocupación por la exclusión de los intereses acumulados dentro de la propuesta de factoraje que representaría una liquidez inmediata.
Los distintos gremios de la construcción llevan adelante una serie de reuniones con sus agremiados, economistas y abogados, con la finalidad de analizar los alcances de los planteamientos presentados por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, quien apuesta por el factoraje y una emisión de bonos para cumplir con lo adeudado.
Durante la reunión convocada por el Gobierno en la que el MEF presentó el borrador de la reglamentación de la ley de factoraje y planteó la emisión de bonos, acompañada de una ley, como mecanismo para el pago de los intereses, ambas partes acordaron que la próxima semana los gremios podrán realizar sus observaciones sobre lo planteado.
PROPUESTA. Con el objetivo de blindar el tope del déficit fiscal en un 1,5% y evitar la paralización de la infraestructura pública, el Ejecutivo presentó una hoja de ruta para saldar deudas e intereses por más de USD 230 millones.
El Gobierno presentó el borrador de la reglamentación de la ley de factoraje, que permitirá a las constructoras ceder sus certificados de deuda a la banca privada por un valor aproximado de USD 150 millones. Esto permitirá a las empresas obtener capital de trabajo de forma inmediata, mientras el Estado asume el compromiso de pago con los bancos a largo plazo.
Por otro lado, en un giro esperado por el sector, el Gobierno, finalmente, reconoció USD 80 millones en concepto de intereses moratorios (aunque los gremios reclaman USD 110 millones). Para cubrir este monto, se enviará un proyecto de ley al Congreso que autorice la emisión de bonos del Tesoro, garantizando así los desembolsos.
- 230 millones de dólares promete pagar el Estado a empresas constructoras, tanto via factoraje como bonos.
