La posibilidad que otorga el acuerdo SOFA de que militares estadounidenses se desplieguen en territorio paraguayo con inmunidad levantó alertas principalmente en el Brasil. No obstante, el canciller Mauro Vieira, quien este jueves visitó Asunción, prefirió evadir la respuesta sobre el tema ante la pregunta de los periodistas.
Vieira manifestó simplemente que todos los temas son importantes en la relación bilateral cuando fue consultado sobre la postura de su Gobierno sobre el impacto de SOFA para Brasil. También señaló que en una visita anterior ya fue abordado ese punto, relacionado a los acuerdos de Paraguay con terceros países.
El canciller mantuvo una reunión en Mburuvicha Róga con el presidente Santiago Peña; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y otros para avanzar sobre la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.
En ese sentido, se anunció que Peña y Lula seguirán con la reunión el domingo en Campo Grande de Mato Grosso do Sul, y se tratarán todos los temas que afectan a la relación bilateral.
El Gobierno de Peña declaró en octubre pasado terroristas a los grupos criminales de Brasil, Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV). Este marzo, el presidente promulgó la ley del acuerdo SOFA o Estatuto de las Fuerzas.
Paraguay es el único país que hizo las designaciones contra los dos grupos criminales y, recientemente, desde Estados Unidos advirtieron que harían lo mismo.
Vieira manifestó días pasados que desde su Gobierno se oponen a la designación que podría realizar Washington porque podría abrir una puerta a una intervención militar en el Brasil.
El Gobierno brasileño dio varias señales de que existe preocupación con respecto a que el territorio sea invadido por el Ejército de los Estados Unidos. Lula realizó un discurso en Brasilia tras reunirse con su par de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y dijo que Latinoamérica se caracteriza por ser una zona de paz, sin bombas atómicas ni nucleares ni guerra, pero que debería comenzar a prepararse en defensa.
promulgado. El pasado 11 de marzo, el presidente de la República, Santiago Peña, se reunió con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, en presencia de quien promulgó el Acuerdo SOFA (Estatuto de las Fuerzas), que establece el marco jurídico para facilitar la cooperación y el entrenamiento conjunto en materia de seguridad y defensa.
Los principales cuestionamientos sobre este acuerdo giran en torno a dos puntos: El primero es la jurisdicción penal, que establece que los militares y contratistas norteamericanos no podrán ser juzgados por las leyes paraguayas si cometen delitos en el país; lo segundo es la presencia temporal, ya que no se establece el periodo de tiempo que estarán en Paraguay.
El acuerdo regula la presencia y actividades del personal militar estadounidense en Paraguay con el objetivo de reforzar la cooperación en seguridad regional y combatir grupos “que operan como organizaciones terroristas”.
Según el Departamento de Estado norteamericano, el acuerdo facilitará “el entrenamiento bilateral y multinacional, la asistencia humanitaria, la respuesta a desastres y otros intereses de seguridad compartidos”.
cuestionamientos. El canciller Rubén Lezcano respondió a los dos cuestionamientos que giran en torno a SOFA. Sobre la jurisdicción penal señaló que los diplomáticos, militares o contratistas que arriben al país no gozarán de impunidad, ya que si cometen delitos serán expulsados a su país para que sean juzgados por las leyes estadounidenses.
Sobre el segundo punto cuestionado que trata sobre la presencia temporal, el canciller alegó que el acuerdo podrá ser dado por culminado cuando así lo desee el Paraguay.
El temor de algunos legis- ladores de la oposición es que estos efectivos militares norteamericanos cometan delitos en el país y no sean juzgados, atendiendo que la ciudadanía afectada por un eventual incidente no podrá ir a los Estados Unidos a litigar contra los militares.
