Sonia Escauriza, directora de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación (MEC), explicó a NPY que tomaron conocimiento del caso de dos niñas que habrían sido víctimas de discriminación por parte de una institución educativa y que decidieron actuar de oficio, hablando con los padres e interviniendo el colegio.
“Una de las autoridades del colegio se acercó a las alumnas y les preguntó por qué estaban juntas todo el tiempo. Les estaba haciendo un seguimiento a cómo ellas estaban. Eran acosadas”, remarcó.
En ese sentido, indicó que la manifestación de los compañeras de las niñas fue una buena lección para los adultos y que, desde ahí, se empezó a abordar la manera de dar un apoyo sicosocial para luego evitar revictimizar a las niñas afectadas.
“Hay que saber manejar, hablarles y decirles la norma de convivencia y luego convocar a los padres. Ahora tenemos otro tema. Estas niñas volverán a clases y debemos evitar que sufran el acoso escolar”, manifestó.
Asimismo señaló que lastimosamente toda la comunidad se enteró del caso y que buscarán trabajar para que vuelva la armonía en la comunidad educativa, por lo que pedirán a la institución que se informe sobre los objetivos propuestos para que no se vuelva a la revictimización de las niñas.
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Entre otras cosas, detalló que las niñas podrán reincorporarse a las clases y que no debería haber ningún inconveniente. Una de las menores se encuentra recuperando tras haber intentado quitarse la vida.
“No creo que en ninguna norma de convivencia esté la desmatriculación por orientación sexual”, remarcó la funcionaria del MEC, aclarando que las adolescentes no incurrieron en ninguna infracción de las normas.
El caso se dio a conocer luego de que compañeros de las adolescentes se hayan manifestado frente al colegio católico y privado de la capital, denunciando una supuesta discriminación por parte de la dirección de la institución educativa.
“Diosito no discrimina, pero el colegio sí”, corearon los estudiantes, quienes valientemente decidieron protestar por el hecho.
Con la intervención, las autoridades del colegio, la supervisión de la zona y los funcionarios del MEC llegaron a un acuerdo y la dirección del centro educativo aceptó retroceder en la desmatriculación de las estudiantes.
Las denuncias apuntan a que una de las familias accedió —bajo presuntas amenazas— a desmatricular a su hija. El evento llevó a la joven a intentar quitarse la vida y fue atendida en un sanatorio privado y actualmente se encuentra fuera de peligro.
El colegio también se disponía a desmatricular a una segunda alumna, pero los padres se negaron a firmar la solicitud.
