30 may. 2024

Nenecho dice que puede bachear a “cacharrata”, pero sería “maquillaje”

Reacción fue ante acción de jóvenes que reparan varios sectores deteriorados de la ciudad. Cuestionó que trabajan sin seguridad en la vía pública. Estimó que el 60% de las calles necesita intervención.

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Iniciativa. “Bacheando Paraguay” es el nombre del grupo de jóvenes que se movilizan ante deterioro de las arterias.

RODRIGO VILLAMAYOR ROA

La iniciativa de jóvenes de “Bacheando Py” que reparan calles y avenidas de Asunción y otras ciudades del país fue aplaudida por la ciudadanía, y a la vez intensificó el cuestionamiento hacia las autoridades por la falta de gestión para tener en condiciones la vía pública.
En medio de la ola de críticas, el intendente de Asunción Óscar Nenecho Rodríguez salió al paso para justificarse. Dijo que celebra la acción de los jóvenes, pero agregó que la iniciativa implica ciertos riesgos en la vía pública, ya que trabajan sin las condiciones de seguridad. Cuestionó que tampoco cuentan con una persona entendida en el rubro, pero que no accionará judicialmente contra el grupo.

Rodríguez indicó que invitaron a los jóvenes a visitar la planta asfáltica de la Municipalidad para mostrar el trabajo que realizan los funcionarios y conversar.

Estado de calles. El 60% de las calles de Asunción necesita algún bacheo o recapado por la falta de infraestructura, estimó el intendente.

“Nosotros tenemos planta asfáltica, tenemos material para bachear todos los días. Tenemos asfalto y la posibilidad de producir asfalto a cacharrata (en abundancia) y poder recapar absolutamente todas las calles, todos los días. Pero es solo un maquillaje”, refirió en contacto con Radio Monumental.

El argumento recurrente de los municipios es el problema de las cañerías viejas de agua corriente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap). A ello se le suma la falta de suficiente cobertura de desagüe pluvial.

Obras sin adjudicar. Varias licitaciones de la Comuna capitalina para mejoramiento vial como empedrados, asfalto y hormigón hidráulico se encuentran en evaluación cerrada desde setiembre del 2023, según lo que figura en la dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Entre las obras sin adjudicar, desde hace ocho meses, se encuentran proyectos a través de endeudamientos, por lo que implica intereses que van creciendo. Tal es el caso de la licitación para “Remoción y reposición de pavimento tipo empedrado en varias calles de la ciudad de Asunción, bajo la modalidad de contrato abierto”.

Desde la dirección de Obras del Municipio reconocieron que el proceso tardó “un poco más” de lo normal.

En la Ley 7021/2022 de Contrataciones Públicas, en su artículo 55 Adjudicación, establece que “La autoridad competente de la convocante será quién resuelva la adjudicación en un plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días corridos, contados a partir del día siguiente del acto de apertura de ofertas, en el caso de licitaciones públicas y de 10 (diez) días corridos en las licitaciones de menor cuantía”.

60 por ciento de las calles de Asunción necesitan algún bacheo o recapado, reconoció el intendente Rodríguez.

Pedido de dato por vía judicial
El concejal Álvaro Grau (PQ) afirmó que aguardará el cumplimiento del plazo del segundo pedido realizado a la Intendencia de Asunción, vía Portal de Información Pública, sobre la ejecución de fondos de los diferentes bonos emitidos. Recordó que primero solicitó a través de la Junta Municipal, pero tampoco recibió respuesta. De no obtener información indicó que recurrirá a un amparo judicial. Legisladores y ediles de la oposición denunciaron una discrepancia de G. 502.177 millones, USD 70 millones, entre los fondos reportados y los presentes en las cuentas bancarias de la Municipalidad, sobre emisiones de bonos. En el mismo sentido, la diputada Johanna Ortega también afirmó que solicitará vía judicial de no obtener los informes públicos solicitados. Ortega había logrado a través del amparo que el Municipio publique las polémicas facturas de compras durante la pandemia del Covid. A través de dichos documentos se evidenciaron adquisiciones sin sustento, grupo de empresas reiteradamente favorecidas y falta de transparencia en los procesos de contratación.

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