Como indicó Silvana Cabrera, una de las propietarias del lugar, la deuda aproximada de G. 220 millones abarca unos 20 meses de alquiler que no fueron pagados ni por la administración de Óscar Nenecho Rodríguez ni por la de Luis Bello.
“Ahora hay cambios en todo sentido, yo no sé en qué va a quedar todo esto, lo único que puedo decir es que nosotros somos acreedores reales, y ellos están en la obligación de pagarnos”, dijo Cabrera en contacto con Última Hora.
La propietaria añadió que la administración de Bello “inventa documentos” y “pone trabas hasta lo máximo” para no hacerse cargo de la deuda.
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“Nenecho robó G. 500.000 millones y ellos me vienen con estupideces. Ellos me chicanearon en todo momento, inventaron documentos, nos vueltearon hasta lo último que pudieron; que se tienen que subir a Tesorería, que se tienen que ir a... Inventan documentos para no pagarte”, reclamó Cabrera.
Añadió que la Municipalidad “debía un año en la ANDE y un año en la Essap, y tenían activo el servicio (...) de forma clandestina”. Recordó que fue ella misma quien acudió a las sedes de la ANDE y de la Essap para verificar los estados de cuenta.
Contó, por otro lado, que el desalojo se dio por presión, luego de que su padre cerrara por su cuenta las puertas de la casa para impedir el ingreso de los funcionarios. Al día siguiente del cierre de las puertas, los funcionarios acudieron para recoger sus equipos y desalojar el inmueble de forma desorganizada y desastrosa, según Cabrera.
El desalojo duró dos días y tuvo que ser coordinado por la familia propietaria. “Yo les tuve que llamar a los jefes de cada departamento a llamarles la atención, a pedirles que manden más gente para desalojar, porque si fuera por ellos, no se iba a mover nada”, dijo.
Recordó que la Codeni, por ejemplo, tardó una semana en retirar una estructura que se instaló “de forma ilegal”, en contravención del contrato de alquiler. Asimismo, reclamó que, pese a los destrozos en la casa, cuyas reparaciones demandarán entre “G. 50 millones y G. 60 millones”, la Municipalidad aún no dio señales de que se hará cargo de los gastos.
Entre los destrozos mencionados por la propietaria se encuentran muebles de cocina perforados, paredes descascarilladas y manchadas, así como baños en mal estado.
La propietaria aseguró que, por el momento, no pueden contratar a un abogado para iniciar una demanda debido al enorme daño económico que esta deuda ocasiona a la familia propietaria del inmueble.
“Si vos estás alquilando una propiedad, es porque necesitás esa plata. Ellos nos están quitando ese derecho, usufructuaron mi casa hasta el máximo, y destruyeron”, expresó.
Familia presentó intimación de pago
El pasado 19 de junio, Bruno Cabrera, padre de Silvana, expuso, mediante una nota dirigida Luis Bello, la situación de incumplimiento “grave, reiterado y sostenido” que “se arrastra desde años anteriores”, incluso desde el fallecimiento de Lilian Ramona Benítez de Cabrera, madre del propietario actual.
“Nuestra madre ya reclamaba exactamente los mismos hechos que hoy seguimos padeciendo: pagos atrasados, ocupación del inmueble sin contrato vigente, recorridas interminables por distintas dependencias municipales sin obtener respuestas concretas, exigencias documentales sucesivas, gastos administrativos injustificados, falta de reconocimiento de daños y perjuicios ocasionados al inmueble y ausencia absoluta de una solución institucional seria”, reclamó Cabrera.
Añadió incluso que esta situación forma parte de una “práctica” consistente en ocupar el inmueble, usarlo para fines municipales, retrasar los pagos, exigir nuevos trámites, trasladar responsabilidades entre dependencias y condicionar soluciones a nuevos procesos contractuales. Mientras tanto, la deuda se acumula y el inmueble se deteriora.
En la misma fecha en que se presentó la nota, la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción remitió un comunicado a través del cual informó que la situación de incumplimiento “se origina tras el fallecimiento de la titular del contrato de alquiler, circunstancia que obliga a adecuar el proceso de pago a la nueva situación jurídica de los herederos”.
“Para efectivizar cualquier desembolso resulta indispensable contar con todos los requisitos documentales exigidos por la normativa vigente, particularmente con el certificado de adjudicación de los herederos debidamente inscriptos ante la Dirección General de los Registros Públicos, actualmente Registro Unificado Nacional (RUN)”, respondió la Comuna.
Informó también que uno de los herederos planteó “la posibilidad de que los pagos sean realizados a través de una empresa por acciones simplificadas (EAS)”, pero, para que esto se pueda realizar, la Municipalidad “debe contar previamente con la documentación que demuestre de manera fehaciente que dicha sociedad se encuentra autorizada por todos los herederos para administrar y percibir los fondos derivados del contrato”.
