El titular de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, conversó con los medios tras la reunión desarrollada con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, en la que trataron la deuda del Estado con las empresas constructoras, que rondaría los USD 400 millones.
Tanto Cavialpa como la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) exigen al Gobierno el pago de la deuda que viene atrasándose dos años y que está generando un interés de hasta USD 100 millones, de acuerdo con Sarubbi.
Consultado si ya se fijó un plazo para el pago, el ingeniero indicó que eso “va a depender mucho de lo rápido que pueda moverse el Gobierno, porque acá primero hay que cerrar el número final de la deuda”.
Lea más: Capaco critica la inacción de BCP y denuncia “castigo” a constructoras
Para esto, el Ministerio de Hacienda, en conjunto con los gremios, debe calcular el tope fiscal y que, posterior a ello, pueda pasar al Congreso Nacional para su aprobación.
Explicó que las deudas por parte del Estado “siempre se pagan”; no obstante, señaló que el problema se da porque están cobrando menos de lo que se ejecuta mes a mes, entonces la deuda va aumentando o se mantiene.
“Acá lo que hay que hacer es un pago importante como para que se pueda recudir ese monto de deuda”, sostuvo.
En un momento manejaron la información de que se iban a emitir bonos para tener los fondos, “pero creo que el Gobierno va a tomar esa decisión a corto plazo de cómo hacer para poder financiar este pago”, subrayó.
También puede leer: Hacienda busca frenar traspaso de deudas con constructoras a bancos
En ese sentido, mencionó que “cualquier deuda que pueda sacar el Estado es mucho más barata de lo que nosotros estamos acumulando mes a mes”. Eso, atendiendo que estas empresas se financian con costos de las tasas de interés del mercado, “que están superaltas”.
“El Estado, al poder emitir deudas con garantías soberanas, los intereses son menos de lo que nosotros podemos emitir”, explicó.
Respecto al pedido que habían hecho al Banco Central del Paraguay para que no les bajen la calificación en el sistema financiero nacional, Sarubbi manifestó que “quedó en la nada”.
“La respuesta de ellos fue que eso está previsto más para problemas externos y puntuales, no para problemas en los cuales una parte no le paga a la otra. Nosotros jamás podríamos haber previsto el no cobro de estos certificados. Creemos que somos pasibles de tener una resolución parecida y se dio esa resolución para el sector agro”, sostuvo Sarubbi.
Reiteró que necesitan de la ayuda del BCP porque “nos metemos en un círculo vicioso en el cual nos bajan las calificaciones, aumentan las tasas, nos dejamos de financiar y las obras no se pueden ejecutar”, advirtió.
