Miguel Ángel Lisboa Pereira, actual director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Justicia, continúa en su cargo a pesar de haber sido vinculado al caso conocido como “detergentes de oro” tras la adjudicación de G. 800 millones para proveer de ese producto a la Municipalidad de Asunción durante la pandemia.
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó en el cargo a Lisboa afirmando que este no cuenta con antecedentes penales y tampoco está inhabilitado para ejercer la función pública.
“No tiene una inhibición para realizar trámites administrativos dentro de la función pública; sí en el ámbito privado ya es otra cuestión, donde cada uno maneja su vida privada de acuerdo al orden o manejo que uno tenga”, señaló.
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“Si existe indicio que no esté acorde a la transparencia, vamos a hacer los cambios necesarios. No está inhabilitado para realizar cualquier tipo de gestión administrativa”.
Lisboa Pereira cuenta con una asignación salarial de G. 23.423.350 incluidos beneficios. En el portal público de la Contraloría no se encuentra su Declaración Jurada por la asunción al cargo.
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DFR SA, empresa ligada a Lisboa, vendió a la comuna asuncena detergentes Alka DDS a un precio unitario de G. 393.800. Con lo que alcanzó contratos por G. 849.859.875, que representaban el 50% de los G. 1.699.719.750 designados al rubro, constituyéndose en la mayor vendedora de “detergentes de oro”, incluso cuando no acercó documentaciones de representación, compra o autorización de distribución.
La empresa, además, no estaba inscripta como proveedora de productos químicos industriales. Según documentos de la Contraloría, recién el 1 de enero de 2021 se regularizó en el rubro, mientras que las adjudicaciones fueron de marzo y junio de 2020.
