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Miguel Cuevas cambia de abogado y posterga declaración ante Fiscalía
La declaración indagatoria del diputado colorado Miguel Cuevas, actualmente preso en la Agrupación Especializada, se suspendió este viernes a raíz de que su nuevo abogado solicitó más tiempo para interiorizarse en la causa.
El diputado Miguel Cuevas no declaró este viernes ante el Ministerio Público debido a que presentó un nuevo abogado defensor, Guillermo Duarte Cacavelos, y este pidió más tiempo para analizar la causa.
El legislador colorado de Paraguarí está recluido en la Agrupación Especializada e imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa.
Duarte Cacavelos comentó a la prensa que a partir de este viernes estudiará a profundidad el caso.
En ese sentido, aseguró que se debe realizar una pericia contable que sería para realmente determinar si hubo enriquecimiento ilícito. El abogado, quien también representa a la esposa del diputado, pidió a la Fiscalía copias de la carpeta de investigación.
La declaración indagatoria de Cuevas debía realizarse ante el fiscal anticorrupción Luis Piñánez, quien ahora deberá nuevamente citar al legislador a una nueva fecha para que pueda dar su versión de los hechos.
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Actualmente, está pendiente de resolución una apelación planteada por la defensa del diputado en contra de la resolución del juez penal de Garantías Yoan Paul López que decretó su prisión preventiva por un peligro de fuga y de obstrucción a la investigación del Ministerio Público.
De igual manera, la Justicia también debe resolver un incidente de nulidad de la audiencia de imposición de medidas y una excepción de inconstitucionalidad presentados por los abogados del parlamentario.
La Fiscalía imputó en la misma causa a su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, y su hijo Enzo Cuevas, a más de la docente Griselda Duarte García. Todos tienen medidas alternativas a la prisión.
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La pesquisa fiscal indica que desde que ingresó a la función pública hasta el 2019, Cuevas tuvo un ingreso de G. 5.734 millones y un egreso de G. 7.439 millones, lo que arroja un saldo negativo de G. 1.705 millones. El Ministerio Público sostiene que el diputado no puede justificar el origen de ese dinero.
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