Stella Mary Cano es una de las fiscalas salpicada en el nuevo escándalo que desató la pericia y posterior extracción de datos del celular del diputado Eulalio Lalo Gomes (ANR-HC), quien murió a manos de la Policía Nacional en agosto del 2024.
El juez Osmar Legal entregó al Ministerio Público este lunes chats que el legislador asesinado mantuvo en su momento con actores de sistema de Justicia, que revela un supuesto esquema de corrupción pública. Además de Cano, están involucrados la fiscala Katia Uemura, la jueza Sadi Estela López y el diputado Orlando Arévalo (ANR-HC).
El escándalo tuvo sus repercusiones y una de ellas está ligada al caso del ex intendente Mario Ferreiro, quien fue investigado por la fiscala Stella Mary Cano en la causa conocida como Asado del Fin de Semana, sobre una presunta caja paralela en la Municipalidad de Asunción.
El abogado Guillermo Ferreiro anunció en su cuenta de X que actuará judicialmente tras descubrirse que Lalo Gomes habría influido en el enjuiciamiento de la fiscala, a la que habían denunciado por montar la causa contra el ex jefe comunal.
“Por orden de mi cliente Mario Ferreiro, perseguido 4 años por una causa inventada, voy a presentar querella contra los miembros del JEM que prevaricaron para encubrir y salvar a Stella Mary Cano, ellos son: Enrique Berni, Orlando Arévalo, Derlis Maidana y Alicia Pucheta”, posteó el profesional del derecho.
Le puede interesar: Favores, blanqueamiento a fiscalas y el poder político: Los sugerentes chats de Lalo Gomes
Otro que está en el foco de las críticas es el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, quien habría beneficiado a Stella Mary Cano durante su presidencia en el JEM.
Senadores piden que dimita de su puesto, sea destituido o desaforado para someterse a la Justicia.
La fiscala Cano fue enjuiciada por el JEM, que la salvó de la remoción a inicios de marzo de 2024. Apenas le impuso un apercibimiento por el caso Mario Ferreiro, quien fue absuelto de las acusaciones de Fiscalía. El tribunal de sentencia a cargo de su juicio oral no encontró daño patrimonial ni tráfico de influencias contra el ex intendente capitalino.
