Anteayer se cumplieron 37 años del día que el general Alfredo Stroessner fue enviado al exilio. En pocos meses más –16 de agosto– se cumplirán veinte años de su muerte y, desde entonces, está enterrado en el cementerio Campos da Esperança, en Brasilia. Hubo algunos intentos por traer sus restos a Paraguay, pero, cada vez que el tema surge, la idea es desalentada por el rechazo manifestado por organizaciones de derechos humanos, víctimas de la dictadura y partidos de oposición. El argumento es que su vuelta sería una afrenta a la memoria histórica y la democracia.
Creo que, a estas alturas de la historia, la memoria de Stroessner ha entrado en una fase de irrelevancia simbólica para las nuevas generaciones, por lo que la decisión de traerlo no necesariamente encendería un culto masivo, sino que podría ser visto como un trámite familiar tardío. Por otra parte, su tumba no será objeto de manifestaciones de rabia, pues nuestro país no tiene costumbres necrofílicas en política, por lo menos en los últimos tiempos.
Digo esto, porque nuestra historia registra episodios remotos en los que el cadáver errante fue utilizado como fetiche político. Uno de nuestros traumas históricos es el misterio del cuerpo profanado –y supuestamente arrojado al río– del doctor Francia. A comienzos del siglo pasado, el líder liberal Adolfo Riquelme fue capturado en una de nuestras tantas guerras civiles y luego fusilado. Tras su ejecución, uno de los oficiales le cortó una oreja, la que fue enviada a Asunción en un frasco con alcohol como una macabra prueba de su muerte. En 1936 el traslado de los supuestos restos del Mariscal López desde Cerro Corá hasta el Panteón de los Héroes reavivó el nacionalismo de la época. Desde entonces, el “cuerpo” de López fue la piedra angular sobre la que se construyó todo el discurso militarista y nacionalista del siglo XX.
Estos episodios aislados no se comparan con la experiencia argentina, mucho más traumática, pues allí el cadáver no es un resto inerte, sino un objeto de culto febril o un aliciente para la rabia. El periplo del cuerpo de Evita, el secuestro del cadáver de Aramburu, las manos de Perón robadas de su tumba, son algunos ejemplos de esa diferencia.
Incluso quienes reconocen que la repatriación del ataúd de Stroessner no creará turbulencias, igual se oponen a su vuelta porque no pueden olvidar que él negó ese derecho a decenas de compatriotas. Los restos de su correligionario Epifanio Méndez Fleitas, fallecido en Buenos Aires en 1985, tuvieron que esperar casi dos décadas tras la caída de la dictadura para volver: fueron repatriados recién en 2004.
José Asunción Flores, el creador de la guarania, murió en el exilio en 1972. Su cuerpo recién volvió al Paraguay en 1991, en un acto que fue un hito de sanación civil. Los restos de Teodoro S. Mongelós, el poeta del pueblo, permanecieron en el Brasil durante 28 años hasta que fueron repatriados a su Ypacaraí natal en 1994. Agustín Goiburú, secuestrado en Argentina en 1977 bajo el Plan Cóndor, representa como el de muchos otros compatriotas desaparecidos, un caso de “ausencia física” absoluta.
Pero el caso es que no podemos actuar del mismo modo. El pensamiento democrático nos marca una distinción moral fundamental: otorgar garantías incluso a quien pasó su vida socavándolas. Stroessner ya no es un símbolo vibrante, sino un anacronismo. Creo que hemos madurado lo suficiente como para no temer a un féretro y admitir que no hay reciprocidad en la crueldad. Hay una ironía amarga en esta discusión sobre los restos de Stroessner. El hombre que convirtió el destierro en una herramienta de control, obligando a centenares a morir lejos de su patria tiene, sin embargo, el derecho a descansar en ella. La democracia se fortalece cuando es capaz de ser justa. incluso con aquellos que fueron injustos.
Traer sus huesos no es resucitar su poder; es, simplemente, cerrar un expediente biológico.
