Las críticas a la causa apuntan a que, pese a que existe un perjuicio patrimonial al Estado por más de G. 180.000 millones, casi USD 23 millones, los fiscales cambiaron su postura de sostener una acusación y pedir el juicio del ex ministro de Obras, Ramón Jiménez Gaona y la ex viceministra Marta Benítez.
Ahora el JEM, da un plazo, para que –si alguien no acusa o denuncia en este tiempo– se abra de oficio la investigación.
“Tenemos nosotros el imperativo de investigar y constatar todo lo que se ha publicado y el Jurado de Enjuiciamiento obrará conforme a derecho”, mencionó el presidente del JEM, César Garay, también ministro de la Corte.
CAMBIO DE POSTURA. Los fiscales Natalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti, quienes llevan la causa, en el primer día de la audiencia preliminar –la semana pasada–, ratificaron la acusación de la fiscala anterior, María Estefanía González, y pidieron juicio.
Con eso confirmaban estar seguros de que había elementos que el caso vaya a juicio.
Llamativamente, al día siguiente, cambiaron radicalmente de postura y pidieron el sobreseimiento provisional, por dudas.
Alegaron contradicciones en las dos pericias, ya que una determinaba un perjuicio patrimonial por G. 180.030 millones, mientras que en la otra pericia, que supuestamente no existía perjuicio patrimonial.
Ahora, los fiscales tienen un año de plazo para realizar 14 diligencias, entre ellas, una nueva pericia.
