El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera, señaló que debido al feriado bancario del viernes último no se pudo iniciar el desembolso para el pago de deudas atrasadas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y del Ministerio de Salud, por lo que las transferencias de recursos se iniciarán desde hoy.
Recordemos que el MEF logró colocar bonos soberanos por USD 219 millones, de los USD 600 millones autorizados por el Congreso Nacional para el pago de dichos compromisos.
En principio, la intención era saldar parte de la deuda del MOPC, pero debido a que se superó la expectativa de captación, también se destinarán recursos para Salud Pública.
“Estamos hablando de que podríamos llegar a una distribución mayormente a obras, y ¿por qué mayormente a obras? Porque estos proyectos no tuvieron desembolsos básicamente desde agosto porque no se tenía la disponibilidad. Sin embargo, en Salud nosotros sí le estuvimos dando recursos sobre los nuevos medicamentos entregados”, sostuvo.
A finales de noviembre, mediante un préstamo de libre disponibilidad, el Ministerio de Economía logró adelantar USD 60 millones. La intención ahora es pagar un poco más de los USD 100 millones, con lo que se prevé quedarán compromisos pendientes por USD 170 millones con las constructoras, considerando que el pasivo era de USD 330 millones al cierre de octubre.
Cabe recordar que en el caso de las contratistas, se trata de una deuda que proviene de obras del MOPC, que paulatinamente fue creciendo desde el 2022 y fue solventada con fondos locales –es decir, los fondos genuinos de recaudación mediante impuestos–, pero que se fue retrasando debido a que durante la pandemia del Covid-19 el Estado se quedó sin recursos y sin capacidad de pago.
Acreedoras de MOPC. Durante el tratamiento del entonces proyecto, ahora Ley de Medidas Extraordinarias, el Ministerio de Obras dio el listado de 91 empresas acreedoras del MOPC, en el que unas cinco empresas concentran deudas mayores a G. 100.000 millones cada una, otras ocho tienen entre G. 50.000 y G. 100.000 millones por cobrar cada una. Entre ellas figuran la firma de Fernando Talavera e Ignacio Ortellado (Tocsa SA), y Ocho A, del senador colorado Luis Pettengill.
DEUDAS DE SALUD. Respecto a las deudas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el listado de empresas acreedoras de la cartera sanitaria se encontró que no son solo empresas farmacéuticas a las que debe el Estado, como se había señalado desde el gobierno anterior y el actual.
En el listado figuran firmas de todo tipo de rubros, desde agencias de viajes, institutos culinarios y de formación, serigrafías hasta bancos. Desde el MEF se prevé abonar una suma de USD 270 millones.
Dentro de la larga lista se encuentran las empresas procesadas del clan Ferreira, Insumos Médicos (Imedic) SA con dos pagos pendientes, uno de G. 19.554 millones y otro de G. 516.537.970; también Eurotec SA con G. 31.595 millones. Dichas deudas fueron contraídas en el 2022, pese a que las firmas se encontraban suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el 2020 para operar con el Estado por 30 meses. Cabe recordar que ambas empresas se encuentran con una causa abierta. Las firmas fueron sumariadas también por el Ministerio de Salud por el incumplimiento de contrato y mala fe en la presentación de ofertas, además de productos que carecían de calidad técnica.
Auditorías. Desde el Ministerio de Economía y Finanzas informaron que los resultados de las auditorías realizadas para confirmar la legalidad de las obras y de la provisión de bienes y servicios que se realizó durante el gobierno anterior ya se encuentran en poder de las instituciones que deben realizar los pagos.
La auditoría estuvo a cargo de la Contraloría General de la República (CGR), pero hasta la fecha no fue divulgado su contenido, que en principio las autoridades entrantes señalaron que sería obligatorio previo pago a los compromisos financieros pendientes.
En tanto, desde la cartera económica aún queda pendiente la colocación de bonos por USD 381 millones para buscar saldar deudas en ambos sectores.
El MEF todavía evalúa si emitir en el mercado doméstico o en el internacional.
Principales Deudas al 31 de agosto con empresas contratistas
Consorcio Unión. G. 312.569 millones
TOCSA SA. G. 167.146 millones
Tecnoedil SA Constructora. G. 125.095 millones
Consorcio CTC. G. 103.618 millones
Consorcio WIM Paraguay. G. 100.352 millones
Ocho A SA. G. 90.065 millones
Consorcio Río Ypané. G. 88.879 millones
Ecomipa SA. G. 70.350 millones
MM SA. G. 68.926 millones
Consorcio Avanza Chaco. G. 65.277 millones
Consorcio Hospitalario del Sur. G. 58.941 millones
Consorcio Río Tembey. G. 56.774 millones
El tema de los intereses debe ser negociado
El viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sostuvo que los intereses de la deuda, producto del atraso en los pagos, deberán ser negociados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
“Eso va a tener que formar parte de una negociación que va a tener que llevar adelante el Ministerio, nosotros estamos trabajando con base en capital declarado”, alegó.
Dijo que se deben ver los términos de conveniencia para que el Estado pueda hacerse cargo. “Vamos a tener que requerirles (a las contratistas) o al Ministerio de Obras algún tipo de quita a los efectos de hacer efectivo”, expresó.
Los gremios del sector de la construcción estiman que la deuda por intereses ya alcanza los USD 100 millones, los cuales no están contemplados en la Ley de Medidas Extraordinarias de Gestión a las Finanzas Públicas, que prevé los recursos para estos compromisos, por lo que cuenta con la financiación, pero sin contemplar los intereses.
