La cartera económica señaló que, teniendo en cuenta que debe comenzar a regir en julio de este año, el proceso comenzará primero con sesiones formativas dirigidas a servidores públicos e incluso a la ciudadanía en general interesada. El objetivo será asegurar que la implementación se logre de forma apropiada, según apuntó la cartera económica.
“Esta etapa será fundamental para asegurar una adecuada transición hacia el nuevo modelo de gestión”, apuntó.
Señaló a su vez que las capacitaciones se desarrollarán de forma gradual y se organizarán según el orden de inscripción, la cual ya está habilitada mediante un enlace que se puede encontrar en la página de la institución.
A quienes se registren, se les enviarán los enlaces y materiales correspondientes.
“Con la promulgación de la ley, Paraguay avanza hacia una transformación profunda del servicio público, apostando por la profesionalización del capital humano y la modernización de la gestión estatal”, destacó el MEF.
La norma establece un marco general para el empleo público en todas las instituciones públicas de Paraguay, respetando las autonomías de los poderes públicos, municipios y entes con regímenes especiales.
Se estructura en dos ejes, el de la Función Pública, que define las reglas generales del empleo estatal, y el de la carrera civil, que regula el ingreso, promoción, evaluación y estabilidad laboral de los funcionarios.
Polémica. Tras dos meses de haber sido sancionada en el Congreso, el presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la normativa en enero pasado.
Previamente, el proyecto generó rechazo en gran parte del funcionariado público, y uno de los puntos conflictivos durante su tratamiento fue la modificación planteada por el movimiento Honor Colorado, donde excluían al Poder Judicial y al Poder Legislativo de la Ley, argumentando que, al ser poderes autárquicos, deben “regirse por otras leyes”.
Además, si bien el espíritu era legislar sobre puntos cuestionables, como los casos de nepotismo, finalmente terminó habilitando dicha posibilidad en puestos de confianza, siempre y cuando se efectúe en el marco de un concurso público.
Ante esto, la nueva legis-lación permite que los cón-yuges, concubinos o parientes puedan seguir engrosando la función pública a costa del dinero de todos los contribuyentes.
En cuanto al derecho a la huelga, este se regirá por las reglas establecidas en el Código del Trabajo y su ejercicio debe respetar siempre el aseguramiento de la prestación de los servicios públicos imprescindibles.
