El planteamiento busca optimizar recursos, mejorar la calidad del aprendizaje y garantizar el acceso a la educación de estudiantes en comunidades rurales o dispersas.
Ramírez explicó que actualmente existen más de 3.200 escuelas con menos de 50 alumnos y alrededor de 900 con menos de 20. Si bien reconoció que algunas cumplen una función social irreemplazable, cuestionó la dispersión de otras instituciones ubicadas a pocos metros entre sí.
“Es importante entender que este es un proceso de crecimiento y de potenciación de escuelas que pueden ayudar muchísimo a la optimización también de los recursos”, indicó.
En ese contexto, el transporte escolar sería una herramienta clave, que en todos los países del mundo funcionan así, y es un gran servicio para la comunidad, ya que permite trasladar a los chicos con seguridad y calidad.
En respuesta a preocupaciones sobre la implementación, el ministro aseguró que el proyecto se basa en estudios técnicos detallados y que el MEC cuenta con un mapeo nacional con el radio de acción de cada escuela, considerando caminos reales y no solo la distancia en línea recta.
''En muchos casos, escuelas que parecen estar a cinco kilómetros, en realidad están a 15 km por falta de caminos. Hasta ese detalle está contemplado”, señaló. Dijo que actualmente están en marcha planes piloto en municipios de Alto Paraná, Itapúa, Central y el Chaco para evaluar la factibilidad del modelo.
El viceministro de Finanzas, Óscar Lovera, explicó que el proyecto de modificación de la Ley Nº 7264/2024, Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), contempla el uso de los recursos provenientes de la compensación por cesión de energía –el 20% que reciben mensualmente las municipalidades– para financiar no solo infraestructura escolar, como se establece actualmente, sino también el transporte escolar.
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Detalló que hoy el 70% de esos fondos están destinados exclusivamente a infraestructura escolar (construcción y reparación) y el 30% a infraestructura pública.
La propuesta busca que, dentro de ese 70%, se permita también la adquisición o contratación de servicios de transporte escolar, siempre que respondan a una necesidad real y estén alineados con las políticas educativas.
“La idea es darles la posibilidad a los municipios de invertir en transporte. Hay comunidades que ya no necesitan más infraestructura, pero tienen escuelas vacías y alejadas”, sostuvo.
Explicó que la modificación permitirá que los municipios también puedan invertir en transporte escolar o contratar el servicio, según sus necesidades.
''No todos requieren nuevas obras, pero sí soluciones de movilidad”, sostuvo. Añadió que la propuesta fue discutida dentro del Consejo de Alimentación Escolar, y que “la ciudadanía, en este caso los niños, deben ser los beneficiarios finales del uso eficiente de estos recursos”.
Desconfianza
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez valoró la idea, pero exigió un plan maestro claro. Dijo que no se opone, pero si no hay un plan de implementación concreto, esto va a ser simplemente autorizar a alguien a hacer ''un negocio a costa de la educación”, alertó.
Recordó experiencias fallidas de planes similares en el pasado y pidió garantías de control y planificación, que se respondan: “¿Cuántas escuelas se van a cerrar? ¿Cuáles serán potenciadas? ¿Dónde están los buses? ¿Quién los van a operar?”.
En respuesta, Ramírez reiteró que el plan ya está diseñado, con una meta de más de 4.600 escuelas a potenciar y una base de datos que incluye cantidad de alumnos, distancias, caminos, costos estimados y distribución por departamentos.
“Comparto plenamente la visión de la senadora. Lo estamos haciendo. Esto no es improvisación. Es un proceso y requiere una implementación progresiva, con normas claras y coordinación con el MEC. Y estamos abiertos a compartir todos los detalles”.
Finalmente, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado aprobó por mayoría la propuesta de modificación de la Ley Nº 7264/2024 para incluir el uso de fondos para transporte escolar.
