El tratamiento del polémico proyecto de ley que modifica el artículo 142 de la Ley 3440/2008 del Código Penal Paraguayo presentado por la bancada del Partido Patria Querida (PPQ) y otros legisladores en la Cámara de Senadores está previsto para este jueves.
La propuesta legislativa propone ampliar los años de cárcel por invasión de tierras y modifica una figura jurídica.
El senador por la Asociación Nacional Republicana (ANR) Enrique Riera, uno de los proyectistas, habló al respecto en radio Monumental 1080 AM.
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“El problema no pasa por el campesino sin tierra, no estamos defendiendo solo las tierras, estamos defendiendo a las personas que trabajan en la tierra. Los números demuestran que hay miles y miles de pequeños productores”, sostuvo.
“La mayoría de los pequeños productores no tienen más de 50 hectáreas y ellos piden esto”, sumó en un momento. En otra ocasión enfatizó que se protege al productor porque el país es agroganadero.
El político colorado indicó que 90% del sector son pequeños productores. “Esta es una cuestión de principio que no podemos tolerar. La propiedad privada de hoy, de las 900 invasiones que tenemos, la mitad, más de 500 son urbanas”, acotó.
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Miembros de la Federación Nacional Campesina (FNC) se movilizan esta jornada a nivel nacional en rechazo al proyecto. Teodolina Villalba, secretaria general del gremio, lamentó que se quiera criminalizar la lucha por la tierra, que calificó de cada vez más grave.
La pena por invasión de tierra debía ser tratada en el Senado desde principios de setiembre, pero el estudio fue postergado dos veces tras cuestionamientos de varios sectores.
La FNC desde un principio pidió que no se dé curso a la acción parlamentaria. La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) también se posicionó en contra y la Pastoral Social Nacional expresó el miércoles su preocupación por las penas más severas de cárcel.
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La propuesta plantea seis años de prisión en algunos casos y, cuando hay violencia y otros elementos más, hasta 10 años de cárcel. A partir de un marco penal de cinco años de prisión, los hechos punibles son considerados crímenes y no son posibles las medidas alternativas.
En cambio, los gremios nucleados en la UIP, ARP, Feprinco, UGP y Fecoprod remitieron a la Cámara de Senadores una nota de respaldo a la iniciativa.
