La propuesta cartista, que tiene media sanción en el Senado, tiende a aumentar la burocracia existente, ya que obliga a cualquier persona afectada a realizar trámites con el Ministerio del Interior, Registros Públicos y eventualmente con la Sala Constitucional de la Corte, en caso de plantear acciones en contra de su implementación, señaló Manuel Riera Domínguez, ex presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP).
Se trata de un proyecto que establece un mayor control y transparencia en el financiamiento de organizaciones sin fines de lucro (OSFL), siendo que estas entidades ya están reguladas, teniendo en cuenta que pasan por el Banco Central del Paraguay, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios y hasta por el Poder Ejecutivo.
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“Entonces, no solamente esto genera un montón de problemas, sino que duplica problemas ya existentes. Cualquiera sea el incumplimiento que se produzca en la ley, la responsabilidad se extiende a todos los integrantes en el marco de su administración e inclusive a terceros. Y eso rompe, naturalmente, con el fundamento de todas las personas jurídicas, porque las personas jurídicas (empresas u organizaciones) en su esencia son distintas de sus miembros y su patrimonio es independiente”, explicó a Última Hora.
En ese sentido, observa que el sistema de control y responsabilidad que plantea la normativa trasciende lo que es una OSFL.
Asimismo, critica la intervención estatal en el sector privado al analizar sus fondos. “Aumenta la presencia del Estado y te traslada, quieras o no, su propia ineficiencia a vos como ciudadano, que ahora, además del riesgo de que te sancionen o de que te multen, empezás a asumir todas esas ineficacias haciendo vos el trabajo”, dijo con relación a las obligaciones que recaen en el sector privado cuando ofrecen servicios de interés público.
Escuche el pódcast: ¿Cuál es el trasfondo del proyecto cartista de mayor control a las oenegés?
Riera insiste en que el control, en realidad, debe ir sobre las instituciones estatales que deben rendir cuentas sobre sus actividades, no sobre las organizaciones que tienen el financiamiento para ejecutarlas.
“Acá no hay que partir solo de la mala fe de que existen organizaciones no gubernamentales que influyen en la toma de decisiones y, por alguna razón, apeligran esto o aquello. Acá hay que también partir solo de la mala fe de que este proyecto de ley el día de mañana en manos de un gobierno de mala fe pueda hacer un uso excesivo de poder que la ley le da”, advirtió sobre los argumentos que refutan al oficialismo.
A esto se suma que el proyecto no menciona qué destino tendrán las multas que se aplicarán y que pueden llegar a 1.000 salarios mínimos, casi G. 3.000 millones. Al respecto, el abogado critica la contradicción de los proyectistas de buscar una mayor transparencia y no rendir cuentas de las recaudaciones que se tendrán con las sanciones.
Más de 80 organizaciones dieron argumentos similares, pero además mostraron una posición política, en que advierten sobre la persecución a organizaciones críticas al Gobierno y un riesgo para la democracia.
