Bajo la histórica consigna de Memoria, Verdad y Justicia, decenas miles de personas autoconvocadas, sindicatos, partidos políticos, grupos universitarios y organizaciones de derechos humanos se concentraron en la Plaza de Mayo.
Miles de manifestantes, encabezados por las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, llegaron hasta la plaza, donde vallas policiales impedían acercarse hasta Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo).
Pancartas, cánticos y una bandera que cubría calles enteras con los rostros de los desaparecidos durante la dictadura marcaban el paso de la marcha hasta el escenario principal, a la espera de la lectura de un documento unificado entre las distintas organizaciones sociales después de 20 años.
“Con los 30.000 como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas y los nietos y las nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta”, expresaron en el discurso.
El Gobierno de Milei, desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, ha denostado la lucha por la memoria, negado la cifra que sostienen las organizaciones, ha despedido cientos de empleados y desfinanciado los entes estatales dedicados a investigar y asistir en la búsqueda de los desaparecidos.
Este lunes, el Ejecutivo difundió un video institucional en el que abogó por la “memoria completa”, negó la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura e hizo especial hincapié en el accionar de las guerrillas antes y durante el gobierno militar.
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Además, anunció que desclasificará el “total de toda la información y documentación” relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas de Argentina durante ese período.
En su discurso, las organizaciones denunciaron que los mismos grupos económicos del país que se beneficiaron con la última dictadura también obtienen ganancias con la administración actual, que implementó “el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del pueblo”.
Niños apropiados
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, tomó la palabra en el escenario y destacó la lucha que vienen llevando para restituir la identidad de niños apropiados por la dictadura, convocó a toda la sociedad para encontrarlos y reclamó que el “Estado debe garantizar la restitución de los nietos y nietas”
Hasta ahora las Abuelas han recuperado la identidad de 139 personas, que fueron apropiados por los militares de esa época y dados a familias adoptivas, pero todavía resta encontrar a unas 300 personas más.
“Sus familias legítimas que los buscan hace más de cuatro décadas tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de los nietos y nietas”, añadió.
Son 30.000
“Nos juntamos con las Madres y Abuelas de la Plaza porque tenemos memoria. Buscamos justicia e insistimos en la verdad por nuestros compañeros. Por todo lo que sabemos, lo que heredamos de nuestros 30.000 y queremos transmitir que el Nunca Más, sea definitivamente Nunca Más”, dijo a EFE Laura, una de las manifestantes, en referencia al informe que contabilizó de los crímenes de lesa humanidad.
Mónica, otra de las presentes en la manifestación y que cursaba la carrera de arquitectura durante el gobierno militar, defendió que aquel período “fue un genocidio”.
“En esa época era del movimiento estudiantil y mi compañero fue desaparecido como tantos otros de Arquitectura. Hoy, más que nunca, no queremos que borren nuestra historia y memoria de lucha junto a las Madres”, expresó a EFE.
Juicios en curso
Tras 49 años del golpe de Estado por la Junta Militar, Argentina ha logrado condenar a unas 1.197 personas que participaron del plan de exterminio y desaparición forzada de personas implementado entre 1976 y 1983.
Según datos del Ministerio Público Fiscal, los tribunales federales de todo el país dictaron un total de 340 sentencias por crímenes de lesa humanidad desde 2006, año en el que se retomaron los juicios.
En estos momentos hay 14 juicios en curso, otras 63 causas en proceso, mientras unas 258 están en fase de instrucción, aunque esta odisea se ha transformado en una carrera contra el tiempo, ya que 1.222 personas murieron sin condena de un total de 3.824 investigados.
Fuente: EFE.
