El manifiesto, obtenido y publicado el lunes por algunos diarios locales, no fue comentado por el Episcopado y se atribuye a la llamada “ala progresista” de la Iglesia Católica del Brasil, que mantiene desde hace más de un año una línea crítica con el gobierno de Jair Bolsonaro.
Bajo el título Carta al Pueblo de Dios, el documento afirmó que “Brasil atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia”, y lo equiparó a una “tempestad perfecta”, en la que conviven “una crisis de salud sin precedentes”, por la pandemia de Covid-19, y “un avasallador colapso de la economía”.
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Agregó además a ese escenario “la tensión sobre los fundamentos de la República, provocada en gran medida por el presidente y otros sectores de la sociedad”, para concluir que el país vive “una profunda crisis política y de gobernanza”.
En forma indirecta, los obispos criticaron el claro negacionismo de Bolsonaro ante la pandemia de coronavirus, que tiene al país como el segundo más afectado del mundo, con más de 87.000 muertos y 2,4 millones de casos, según el último balance oficial.
“Asistimos, sistemáticamente, a discursos contra la ciencia, que intentan naturalizar o normalizar el flagelo de los miles de muertos por la Covid-19, tratándolo como fruto de la casualidad o de castigo divino”, dijo el documento.
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También alertó sobre “el caos socioeconómico que se avecina, con el desempleo y la carestía proyectados para los próximos meses”, así como “los negociados políticos para la manutención del poder a cualquier precio” y las “amenazas” al ecosistema amazónico que encarnan las políticas que Bolsonaro promueve para esa región.
Censuraron el modelo económico liberal adoptado por el Gobierno, sobre el cual afirman que “mata”, y sostienen que “no es sustentable una economía que insiste en el neoliberalismo, otorga privilegios a monopolios de pequeños grupos poderosos en detrimento de la gran mayoría de la población”.
En ese marco, los obispos piden un “amplio diálogo nacional que implique a humanistas, a los comprometidos con la democracia, los movimientos sociales, hombres y mujeres de buena voluntad, para que se restablezca el respeto a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho, con ética en la política”.
Según el documento, mediante ese diálogo nacional se deberían sentar las bases de “una economía que apunte al bien común, con justicia socioambiental, con ‘tierra, techo y trabajo’, con alegría y protección de la familia, con educación y salud integrales y de calidad para todos”.
