Las estadísticas de la Dirección General de Garantías Constitucionales dan cuenta del aumento gradual y alarmante de pedidos de garantías constitucionales, que se intensifican antes de que disminuyan, lo que muestra a las claras la falta de respuesta del sistema sanitario.
Según las estadísticas, en el año 2022, se presentaron 736 amparos por cuestiones de salud. De ellos, 122 fueron contra el Instituto de Previsión Social (IPS), y 616 contra el Ministerio de Salud. Solo en julio de ese año, hubo 105 pedidos, 98 de los cuales contra la citada cartera estatal. Son en promedio, 67 por mes.
La cuestión fue en incremento. En el 2023, se registraron 908 casos, lo que representó un aumento del 23% respecto al año anterior. De esas solicitudes, 67 fueron contra el IPS y 841 contra el Ministerio de Salud. Esta vez, en junio de ese año, se presentaron 103 casos, solo 7 contra la previsional y el resto contra el Estado. Con ello, tenemos un promedio de 76 por mes.
En el 2024, la cantidad de garantías constitucionales ascendió a 1.255, un 38% más que el año anterior. Fueron 85 contra la previsional, y 1.179 contra la cartera estatal. Esta vez, en octubre hubo 147 casos, en setiembre 142, en noviembre 130. El promedio fue de 105 por mes.
FERIA JUDICIAL. En enero de este año, durante la feria judicial, se presentaron 137 amparos constitucionales, de los cuales 7 fueron contra el IPS, y 130 contra el Ministerio de Salud. El promedio de enero fue de más de 4 por día.
Para tener un cuadro comparativo, en la feria del 2022, se presentaron 41 acciones; en el 2023, hubo 100 solicitudes; en el 2024, se registraron 79 pedidos, por lo que el mes pasado superó todos los récord de los últimos años.
Los amparos son para acceder principalmente a los costosos medicamentos oncológicos, que deben aplicarse las personas que padecen estas enfermedades catastróficas. También para ingresar a terapia intensiva, porque no existe lugar en los hospitales.
En la mayoría de los casos, las instituciones afectadas plantean recursos de apelación contra los fallos de los jueces que conceden la garantía, basados en el derecho a la vida, que prevalece sobre cualquier ley o reglamento.
Sin embargo, la cuestión es que, pese a las órdenes judiciales, tanto el IPS como el Ministerio de Salud no cumplen con las resoluciones, ya que para la compra de los medicamentos, se realizan las licitaciones, lo que tardan bastante tiempo.
Con ello, varios amparistas mueren esperando que se cumplan con las resoluciones judiciales, que ordenan la compra de los medicamentos necesarios para que los mismos sigan con vida.
